El pedido que nadie esperaba: la defensa de Marcelo Porcel quiere un jurado popular

En un giro inesperado, el empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar sexualmente de diez menores del Colegio Palermo Chico, solicitó ser juzgado por un jurado popular. La estrategia de su abogado busca cambiar el rumbo del proceso.

¿Qué pidió la defensa?

El abogado Roberto Rallín presentó un escrito ante el juez Carlos Bruniard pidiendo la nulidad del requerimiento de elevación a juicio oral y que la causa pase a la justicia local. El objetivo: que el caso se tramite bajo la modalidad de juicio por jurados, un sistema no reglamentado a nivel nacional.

El pedido llega apenas una semana después de que la fiscalía y la querella solicitaran la elevación a juicio. Porcel está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material sexual infantil, en perjuicio de diez niños de 13 años, compañeros de colegio de sus hijos.

El patrón de los abusos

Según los testimonios recogidos en Cámara Gesell, las víctimas relataron un modus operandi que se repetía en distintos escenarios: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro frente a ese edificio (propiedad de su madre) y una oficina en Retiro.

Las reuniones comenzaban como “juntadas” donde el empresario proveía vodka y tequila, y luego incentivaba a los chicos a beber en “competencias de resistencia” a cambio de dinero. “Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000”, recordó una de las víctimas. Además, les transfería dinero a billeteras virtuales para apuestas online.

En una ocasión, Porcel ofreció una suma a quienes corrieran desnudos alrededor de una mesa. “Lo hicimos todos menos uno”, confesó un adolescente. También hubo masajes y contacto físico no consentido.

Pruebas contundentes

En el celular secuestrado al acusado, los investigadores hallaron imágenes sexuales, incluyendo capturas de videos de una cámara de seguridad oculta en el baño de su casa. Algunas víctimas ya son mayores de edad por el avance de la causa.

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento y ordenó la colocación de una tobillera electrónica y la extracción de material genético, aunque rechazó la detención preventiva.