El pasado oculto de “El Militar”: su vínculo con un exfuncionario condenado y las sospechas que crecen

La figura de Felipe “El Militar” Sosa se vuelve cada vez más compleja a medida que avanzan las investigaciones judiciales. De custodio privado a imputado por femicidio y narcotráfico, su historial ahora revela un estrecho vínculo con Eduardo Di Lella, el ex secretario de Seguridad condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos. Este dato, sumado a nuevas declaraciones sobre venta de drogas, expande el entramado judicial que lo rodea.

En las últimas horas surgió una información que agrega un capítulo crucial a su perfil: Sosa no solo habría trabajado como custodio personal de Di Lella, sino que también existiría un lazo familiar entre ambos. Esta relación salió a la luz durante el segundo juicio oral por el caso Lebbos, iniciado en 2018.

¿Una presencia vigilante en los tribunales?

Alberto Lebbos, padre de Paulina, recordó una imagen que quedó grabada en aquellas audiencias: Felipe Sosa siendo requisado por la policía al ingresar a la sala. Según su testimonio, el hoy acusado del femicidio de Érika Álvarez estuvo presente en todas las jornadas del debate, cumpliendo funciones de seguridad para el exfuncionario.

La trayectoria de Sosa parece entrelazarse con estructuras de poder. Su empresa, Seguridad Objetiva, fue habilitada en junio de 2012, período en el que Di Lella ejercía cargos dentro del gobierno provincial. La firma brindó servicios en Yerba Buena hasta que el escándalo de la causa actual forzó la rescisión del contrato.

Versiones no oficiales recogidas en la investigación sugieren que “El Militar” mantenía contactos con empresarios, figuras políticas e incluso integrantes del ámbito judicial, aunque estos vínculos no han sido confirmados oficialmente.

De un cultivo autorizado a la sospecha de narcotráfico

La causa por drogas que lo involucra tiene un antecedente clave. En junio de 2023, en un allanamiento a su domicilio en Yerba Buena, se descubrió un espacio para el cultivo de marihuana. Sosa argumentó que contaba con autorización para producir cannabis para consumo propio y de terceros.

En abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó al no comprobarse comercialización. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones revirtió esa decisión tras la apelación del fiscal Agustín Chit, ordenando su procesamiento por tenencia de estupefacientes.

El femicidio de Érika Álvarez, ocurrido el 7 de enero, cambió todo el panorama. A raíz de ese hecho, comenzaron a surgir testimonios que lo vinculan directamente con la venta de drogas sintéticas. Familiares de la joven indicaron que ella había mencionado la presencia de pastillas en la casa de Sosa, aunque aclararon que Érika nunca las consumió.

Los testimonios que apuntan al tráfico

Justina Gordillo, empleada judicial y pareja de Sosa al momento del crimen, declaró que él le había confesado que en el pasado comercializaba éxtasis en fiestas electrónicas, una actividad que supuestamente había abandonado dos años atrás.

Pero el relato más contundente llegó de Nicolás Navarro Flores, también imputado por encubrimiento. Según su declaración, el mismo 7 de enero, Sosa le entregó una piedra de cocaína —que se estima superaba los 200 gramos— junto a una caja de herramientas con drogas sintéticas. Navarro Flores afirmó haber descartado ese material por el inodoro.

Con estos elementos sobre la mesa, el abogado querellante Carlos Garmendia solicitó formalmente al fiscal Chit que profundice la investigación sobre posibles vínculos con el narcotráfico. Incluso trascendió la existencia de informes previos que lo ubicarían como proveedor en fiestas electrónicas clandestinas desde al menos 2022.

Frente a estas graves acusaciones, la defensa de Sosa, a cargo de Marcelo Cosiansia y Nicolás Flores, rechaza de plano cualquier vinculación con la comercialización de drogas. Así, entre un pasado en fuerzas de elite como la Legión Extranjera de Francia, relaciones con el poder y acusaciones que se acumulan, el caso de “El Militar” sigue sumando piezas en un rompecabezas judicial que está lejos de cerrarse.