El oscuro negocio que operaba desde una armería tucumana y terminó en Chile

Ocho personas fueron procesadas por desviar armas legales al mercado negro internacional. La Justicia Federal desarticuló una red que, desde una armería en San Miguel de Tucumán, proveía pistolas y fusiles a organizaciones criminales chilenas.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó sin prisión preventiva a tres empleados de la armería, dos usuarios legítimos que actuaban como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios. Todos quedaron imputados por el delito de entrega de armas de fuego a personas que no acreditaban su condición de legítimos usuarios.

Además, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país, presentaciones semanales ante la justicia y embargos por montos que van de 8 a 12 millones de pesos.

¿Cómo operaba la red?

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán a cargo de Agustín Chit, reveló que la organización captaba a personas habilitadas como legítimos usuarios para que compraran armas de forma legal ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Una vez concretada la compra, las armas nunca quedaban en poder de esos adquirentes: eran entregadas inmediatamente a la organización para su envío clandestino a Chile.

El caso comenzó el 19 de diciembre de 2023, cuando Gendarmería Nacional interceptó un ómnibus en La Invernada. Allí encontraron a dos ciudadanos chilenos que transportaban ocultas ocho pistolas de calibres 9 mm, .40 y .45, junto con cargadores, documentación y dinero en efectivo. Las pericias posteriores confirmaron que esas armas habían sido adquiridas en Tucumán días antes.

El rol clave de los empleados de la armería

Según la acusación, los empleados de la armería tucumana aprovechaban su experiencia y acceso a documentación oficial para facilitar transferencias irregulares, incorporar firmas apócrifas y agilizar trámites que daban apariencia de legalidad a las operaciones. Un caso llamativo: una de las armas secuestradas estaba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, años antes de la supuesta transferencia.

El juez consideró que los empleados no podían alegar desconocimiento, ya que contaban con conocimientos especializados para advertir las anomalías.

Mensajes que comprometen

Las pruebas incluyen conversaciones de WhatsApp y escuchas telefónicas. En un mensaje, un empleado explicó que el dinero de una operación se recibiría fuera del local por “políticas de la empresa”. En otro, dirigido al proveedor habitual, se lee: “Vos has sido testigo de cuánta guita te hemos dejado para comprar esos fierros”. También se mencionaban compras en dólares para “rescatar fierros”, término usado para referirse a las armas.

Allanamientos y arsenal secuestrado

Por pedido de la fiscalía, se allanaron domicilios en San Miguel de Tucumán y Los Ralos. Se secuestraron más de 20 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas, además de municiones y accesorios. Entre lo incautado: pistolas y revólveres de distintos calibres, rifles con miras telescópicas, escopetas de caza, cargadores de alta capacidad, supresores de sonido, municiones, teléfonos, documentación de transferencias, credenciales de legítimos usuarios, comprobantes bancarios y dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera.

Las imágenes difundidas por Gendarmería muestran largas filas de armas sobre mesas, incluyendo rifles de precisión y armamento corto.

Conexión con Mendoza y Chile

La causa tucumana es una derivación de una investigación mayor de la Unidad Fiscal Mendoza, donde se pidió la elevación a juicio de 34 personas acusadas de tráfico internacional de armas. La estructura obtenía armamento mediante compras legales por terceros y transferencias simuladas, y luego lo trasladaba a Chile por el paso Cristo Redentor. Para los investigadores, Tucumán era un punto estratégico de adquisición y provisión.

La Justicia continúa con peritajes sobre los teléfonos secuestrados para determinar el alcance total de la red y si hubo más operaciones similares.