El nuevo revés judicial de Nicolás Navarro en la causa por el crimen de Érika Álvarez

La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Nicolás Navarro, quien continuará detenido en un complejo penitenciario por el crimen de Érika Antonella Álvarez. La joven de 25 años fue hallada sin vida el 8 de enero en un basural de Manantial Sur.

La resolución se dictó durante una nueva audiencia oficial, en el marco de la apelación contra la decisión adoptada el pasado 21 de abril, cuando ya se había denegado el mismo planteo. En esta oportunidad, la jueza del Tribunal Superior volvió a rechazar el requerimiento y dispuso medidas de seguimiento para garantizar el tratamiento médico del imputado.

¿De qué se acusa a Navarro?

Navarro está acusado por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, en calidad de autor. De esta manera, seguirá privado de su libertad al menos hasta el vencimiento de la medida cautelar, previsto dentro de aproximadamente tres semanas.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, con la intervención de la auxiliar de fiscal Carolina Brito en esta audiencia. En la causa también permanecen detenidos Felipe Sosa, Justina Gordillo y Jorge Orlando Díaz.

El crimen de Érika Álvarez

De acuerdo con la acusación, durante la madrugada del 7 de enero de 2026, Sosa, con la participación de otras personas aún no identificadas, habría dado muerte a Álvarez mediante violencia física, provocándole traumatismos cráneofaciales y cervicales.

Según la teoría del caso, horas más tarde, a las 8.20 de ese mismo día, Navarro recibió un llamado telefónico de Sosa y se presentó a las 9.06 en un domicilio ubicado sobre calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, a bordo de una motocicleta. Allí habría permanecido alrededor de 20 minutos y, de acuerdo con la imputación, colaboró en el ocultamiento del cuerpo de la víctima y de otros rastros del hecho con el objetivo de favorecer la impunidad y entorpecer la investigación judicial, consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).