El municipio capitalino eliminó miles de empleados ‘fantasma’ que habrían sido nombrados por Alfaro antes de las elecciones

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán suprimió miles de contratos de empleados que no cumplían funciones reales, una práctica que habría sido impulsada por el ex intendente Germán Alfaro en la previa de las elecciones provinciales de 2023. Una auditoría reveló que más de 7.500 trabajadores fueron dados de baja tras no justificar su actividad laboral.

A menos de dos años de los comicios de 2027, el debate sobre el crecimiento del empleo público vuelve a cobrar fuerza en Tucumán. La auditoría integral, ordenada por la intendenta Rossana Chahla, detectó que de una nómina de más de 12.000 personas, solo 4.588 continúan en actividad. El resto, según fuentes oficiales, eran contratos que se renovaban sin que los beneficiarios asistieran a trabajar.

¿Qué localidades concentraban los empleados ‘fantasma’?

Del total de empleados relevados, 6.848 tenían domicilio en la capital tucumana, mientras que 5.275 residían fuera del municipio. La auditoría reveló que 1.382 empleados residían en el departamento Cruz Alta, de los cuales 198 vivían en Alderetes y 659 en Banda del Río Salí. Otros 949 tenían domicilio en Tafí Viejo, la mayoría en ese municipio y 289 en Las Talitas. Además, cerca de 900 trabajadores residían en Yerba Buena, 250 en Burruyacu, 180 en Tafí del Valle, 112 en Simoca y 78 en Chicligasta.

Uno de los casos más llamativos fue El Chañar, en Burruyacu, una comuna de apenas 2.500 habitantes donde 168 personas figuraban como empleados municipales de la capital, es decir, el 6,72% de su población total. En Colalao del Valle, de las 964 personas censadas en 2022, 68 eran empleados municipales de la capital, equivalente al 7% de la población y al 14% de los adultos.

La estrategia política detrás de los nombramientos

El ex subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, vinculó ese incremento con la estrategia política desplegada durante la campaña provincial de 2023. Según su interpretación, el entonces intendente Germán Alfaro, candidato a vicegobernador junto a Roberto Sánchez, buscó construir una estructura territorial fuera de la capital y, al hacerlo, descuidó su propio distrito, donde la candidata oficialista era Beatriz Ávila, quien finalmente perdió la elección por unos 5.000 votos.

Sangenis sostuvo que durante ese período se distribuyeron contratos en distintas localidades, desde Rumi Punco hasta Burruyacu, con remuneraciones que oscilaban entre $ 18.000 y $ 50.000. Según denunció, en numerosos casos los beneficiarios solo concurrían al municipio para firmar el contrato y retirar una tarjeta bancaria del Banco Macro destinada al cobro de sus haberes, sin volver posteriormente a cumplir funciones.

El ex funcionario aseguró además que la intendenta Rossana Chahla ordenó una auditoría integral para verificar la cantidad de contratados, las tareas que desarrollaban y el cumplimiento efectivo de sus funciones. Como consecuencia de esos controles de presentismo, se dispuso la baja de quienes no trabajaban o no pudieron justificar sus actividades. En cambio, aquellos que sí cumplían tareas consideradas necesarias continuaron prestando servicios, aunque con una recomposición salarial que reemplazó los contratos de bajos montos que percibían anteriormente.

¿Qué pasa en Yerba Buena?

Sangenis también afirmó que una situación similar se produjo en Yerba Buena durante la gestión de Mariano Campero, a quien acusó de haber incorporado unos 800 contratos antes de las elecciones. Esa denuncia actualmente se encuentra bajo investigación judicial. El actual diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena rechazó esas acusaciones. Aseguró que “todo eso es mentira” y sostuvo que la propia estructura municipal desmiente esos números. Según explicó, la comuna cuenta actualmente con 949 empleados, incluidos funcionarios, de los cuales 795 corresponden a contratos de locación.

Campero precisó que esos trabajadores cumplen funciones principalmente en la Guardia Urbana Municipal, la escuela municipal, el Centro de Salud Carrillo, el Centro de Monitoreo y otras dependencias. Incluso afirmó que Yerba Buena sería uno de los municipios con menor cantidad de empleados públicos por habitante en toda la provincia. Las cifras difundidas por el ex intendente guardan relación con los datos publicados por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Yerba Buena (Soemyb), que informa representar a cerca de 1.000 afiliados activos entre personal permanente y temporario. No obstante, Campero relativizó incluso esos registros al sostener que la cantidad real sería inferior.

La situación en otros municipios

Mientras tanto, la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por María Lorena Radrizzani, informó que la planta actual asciende a 4.588 trabajadores entre personal permanente y contratado, lo que implica una reducción de 7.535 agentes respecto de la nómina auditada en 2023. La comparación con otros municipios refleja diferencias significativas: Concepción cuenta con alrededor de 480 trabajadores, Tafí Viejo con aproximadamente 600 empleados formalizados.

En cuanto al acceso a la información pública, las nóminas de empleados de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo y Concepción solo pueden consultarse mediante solicitudes formales. En cambio, Banda del Río Salí no ofrece actualmente un mecanismo para acceder a esos datos. A nivel provincial, Tucumán cuenta con aproximadamente 130.000 empleados públicos, cifra que incluye a trabajadores de áreas esenciales como salud, educación y seguridad. La provincia registra 59,5 agentes estatales cada 1.000 habitantes, ubicándose en el undécimo lugar del país, por encima del promedio nacional informado de 69,8 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.

En un escenario político que, pese a encontrarse en un año preelectoral, ya exhibe una fuerte dinámica de campaña, el crecimiento de las plantas estatales vuelve a instalarse como un tema de debate. El seguimiento de las nóminas salariales municipales y provinciales aparece como uno de los principales indicadores para controlar el uso de los recursos públicos en la antesala de las próximas elecciones.