El millonario negocio de la hoja de coca en Tucumán: crece la venta abierta pese a la prohibición

La venta ilegal de hojas de coca se expande sin control en la provincia, con cientos de puntos de venta y un mercado que movió hasta $1.600 millones el año pasado. La Policía secuestró más de 16 mil kilos en 2025, pero la actividad sigue creciendo debido a un vacío legal que prohíbe su comercio pero permite su consumo, una paradoja que autoridades y comerciantes debaten.

Durante el año pasado, la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Tucumán incautó 16.125 kilogramos de la hoja. Esta cifra monumental, que representa un incremento superior al 300% en los secuestros, solo muestra una parte de un fenómeno que se desarrolla a plena luz del día en quioscos, drugstores y estaciones de servicio.

Un negocio que ya no se esconde

El comisario Jorge Nacusse, jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, describió un cambio cultural radical. “Antes se hacía casi en secreto. Hoy se comercializa sin disimulo: se exhibe en los locales y se ofrece por redes sociales”, afirmó el oficial. Esta nueva modalidad abierta contrasta con el marco legal vigente, que tipifica como contrabando el ingreso, transporte y venta de la hoja.

Desde el Operativo Lapacho, el comisario Fabio Ferreyra fue contundente: “El consumo fue socialmente aceptado o se transformó en una moda”. Sin embargo, recalcó que mientras la ley 23.737 siga en pie, toda la cadena comercial es ilícita. Ferreyra también señaló la limitación de las fuerzas federales: “Podemos frenar cargamentos en las rutas, pero si no hay controles locales, la lucha pierde sentido”.

El vacío legal y la falta de controles municipales

Funcionarios de la Justicia Federal y de la Dirección General de Aduanas coincidieron en que el núcleo del problema es la ausencia de una ley nacional que regule el circuito. Mientras eso no suceda, los operativos recaerán sobre las fuerzas de seguridad, una tarea que consideran insuficiente sin el apoyo de los gobiernos locales.

Consultados por este medio, empleados municipales de varias comunas —que pidieron reserva de sus identidades— admitieron graves falencias. Entre ellas, mencionaron el desconocimiento de la prohibición por parte de inspectores, habilitaciones comerciales que no contemplan el control de la mercadería y un dato revelador: muchos de los encargados de fiscalizar son, a la vez, consumidores habituales de la hoja.

Precios disparados y ganancias cuestionadas

La falta de regulación genera una amplia dispersión de precios en el Gran San Miguel de Tucumán. Una bolsa de 20 gramos puede costar entre $1.500 y $2.500. La presentación de 40 gramos oscila entre $2.000 y $4.000, mientras que un paquete de 250 gramos alcanza valores de $18.000 a $28.000, dependiendo de la calidad y el procesamiento.

Con estos valores, el total de hoja secuestrada en 2025 tenía un potencial de mercado local de entre $1.200 y $1.600 millones. Para ponerlo en perspectiva, en Bolivia —donde es legal— esos mismos 16.125 kilos tendrían un valor aproximado de $225 millones.

Los comerciantes, sin embargo, minimizan la rentabilidad. Juan Pedraza, dueño de un quiosco, y Luis Arrabal, propietario de un drugstore en Tafí Viejo, coincidieron en que la venta es un complemento más para subsistir. “No deja grandes márgenes. Es un atractivo más, como los cigarrillos o las recargas”, afirmó Arrabal. Esta postura es rebatida por los consumidores. Luciano Estévez, un coquero habitual, argumentó: “¿Cómo no va a ser negocio si no pagan impuestos? Si estuviera regulado, ahí se vería la rentabilidad real”.

El reclamo por una regulación

Frente a esta realidad, algunos expendedores piden abiertamente un cambio normativo. “No se puede ir en contra de las costumbres de la gente. Van a hacer controles y el producto se va a encarecer. Es preferible regularizar el mercado”, sostuvo Juan Pedraza. Esta postura choca con la actual estrategia de las fuerzas federales, que continúan aplicando una ley que consideran desfasada.

El debate queda así instalado entre la aceptación social creciente del “coqueo” y un marco legal que lo persigue como contrabando, dejando al descubierto uno de los mercados ilegales más extensos y visibles del norte argentino.