El mega proyecto minero de US$18.000 millones que avanza a paso firme pese a dos frentes de conflicto

El proyecto Vicuña, la inversión extranjera más grande de la historia argentina, enfrenta un bloqueo de caminos y una disputa eléctrica, pero la Justicia ya le dio el primer respaldo. La mina de cobre, impulsada por BHP y Lundin Mining, planea desembolsar US$7100 millones en los próximos tres años y US$18.000 millones en una década, lo que la convertiría en una de las cinco minas más grandes del mundo.

El conflicto con La Rioja estalló el jueves 16 de abril, cuando la empresa se enteró por los medios de que la Fiscalía de Estado de La Rioja había suspendido por 30 días las actividades vinculadas al proyecto en territorio provincial, bloqueando el tránsito de maquinaria y suministros por la zona de Guandacol. La notificación formal llegó recién el viernes 24, ocho días después. Desde el 16, los camiones ya no podían circular por esa ruta.

La traza bloqueada es el acceso alternativo que Vicuña utiliza hoy para llegar a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol mientras se licita y construye la ruta principal, que irá íntegramente por territorio sanjuanino. El mantenimiento de ese camino lo financia la propia empresa, no la provincia.

Ante el corte, Vicuña recurrió a la Justicia de San Juan, que es la provincia con competencia sobre el proyecto. Un juzgado de primera instancia con competencia multifuero otorgó la cautelar solicitada: ningún tercero —público o privado, con excepción de las autoridades sanjuaninas— puede obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto. Mientras tanto, la empresa siguió trabajando por la ruta alternativa que transcurre íntegramente por San Juan, aunque en condiciones más lentas y complejas.

El gobernador riojano Ricardo Quintela argumenta que la empresa debe presentar un estudio de impacto ambiental también ante La Rioja, por el uso de la ruta provincial. Vicuña ya cuenta con la declaración de impacto ambiental aprobada por San Juan para el yacimiento Josemaría. Pero Quintela fue más lejos: la semana pasada renovó el reclamo de límites con San Juan, cuestionó la validez de los acuerdos vigentes desde 1968 por haber sido firmados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y planteó que una parte del yacimiento Filo del Sol debería pertenecer a La Rioja. La postura del gobernador tiene un costo político local: en Guandacol, localidad riojana que provee servicios al proyecto, hay asambleas y malestar.

El frente eléctrico

El segundo conflicto es más técnico, pero igualmente sensible. Para operar a plena capacidad, Vicuña necesita ampliar la línea eléctrica de 500 kv que abastece la zona. En enero ya se realizó una audiencia por una demanda inicial de 260 MW; el 3 de junio el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a una audiencia pública por la etapa siguiente, que implica una inversión de entre US$400 millones y US$500 millones en 220 kilómetros de nuevas líneas.

El proyecto Los Azules —otro emprendimiento cuprífero en la misma región, aunque más atrasado— quiere compartir esa infraestructura. Pero Los Azules todavía no tiene el capital comprometido. Vicuña, en cambio, acelera y reclama acceso prioritario sobre el 90% de la capacidad que ella misma financia. El gobierno de San Juan y otros actores del sector objetan que la empresa capturará capacidad de una línea que fue construida con fondos provinciales y que hoy pagan los sanjuaninos.

El esquema que está en juego es el mismo que el Gobierno impulsó para destrabar el déficit histórico de infraestructura eléctrica: que las empresas financien las ampliaciones y, a cambio, obtengan prioridad de uso durante la vida útil del proyecto. Lo que se defina con Vicuña será el primer gran test de ese modelo.

La visión de San Juan

“El gobernador Marcelo Orrego fue categórico: la jurisdicción de San Juan está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional, y los recursos del subsuelo sanjuanino se defienden con la ley en la mano”, dijeron fuentes de la gobernación sanjuanina. Desde la provincia remarcaron que el proyecto Vicuña no está en riesgo ni detenido, y que los intentos de instalar incertidumbre responden a una intencionalidad política sin sustento jurídico.

“El fallo despeja cualquier duda sobre su ejecución y ratifica que la inversión —estimada en US$18.000 millones— sigue adelante conforme a los acuerdos entre el Gobierno nacional, el Gobierno de San Juan y las empresas involucradas”, agregaron.