El juez que frenó el intento de Molinuevo: ¿por qué la causa seguirá en Tucumán?

Un juez provincial confirmó que la causa entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la diputada Soledad Molinuevo es un conflicto “entre particulares”, rechazando el traslado del expediente a la Justicia Federal. La decisión, tomada por el magistrado Pedro Daniel Cagna, desestimó el planteo de incompetencia formulado por la legisladora.

El expediente se originó por una presentación de Jaldo, quien solicitó la eliminación de publicaciones en redes sociales que consideró agraviantes. Según el planteo, Molinuevo lo vinculó con un episodio violento en La Madrid y lo acusó de prácticas mafiosas, además de responsabilizarlo por su seguridad personal y la de su familia.

El juez había dictado una medida autosatisfactiva que ordenó la eliminación de los contenidos cuestionados, decisión que fue recurrida por la diputada. Tras una denuncia por incumplimiento, la legisladora acató la orden, aunque dejó constancia de su desacuerdo.

¿Por qué no prosperó el pase a la Justicia Federal?

La defensa de Molinuevo argumentó censura previa y la afectación de prerrogativas constitucionales de una diputada nacional. Sin embargo, Cagna fue categórico: la calidad de gobernador o diputada no modifica la naturaleza jurídica del litigio ni habilita la competencia federal. El magistrado explicó que la intervención federal es excepcional y limitada a supuestos específicos previstos por la Constitución.

“No se trata aquí de una causa en que la Nación o la Provincia sean parte, ni de una causa regida por normas federales”, sostuvo en los fundamentos. También aclaró que el hecho de que el caso involucre derechos constitucionales no lo convierte automáticamente en una cuestión federal.

Otro punto central fue que no se acreditó cómo el trámite en la Justicia provincial podría afectar el funcionamiento del Congreso. Tras coincidir con el dictamen fiscal, el juez concluyó que no se configuran los supuestos de excepción para la intervención federal.

Desde la representación legal del gobernador consideraron que esta decisión implica un nuevo revés para la estrategia judicial de la diputada y reiteraron que la discusión no gira en torno a limitar la libertad de expresión, sino a la protección de derechos personalísimos.

Con este fallo, la causa seguirá su curso en la Justicia provincial, en el marco de un proceso definido como un conflicto “entre particulares”.