El juez mantiene firme una investigación clave y revela un detalle que complica al imputado

La justicia federal confirmó medidas de alto impacto en un caso por presunto tráfico de influencias, mientras reprograma una audiencia crucial para mayo. Un juez rechazó un recurso de apelación que buscaba blindar cuentas bancarias y activos digitales de un abogado imputado, aunque aceptó postergar su declaración indagatoria debido a compromisos previos de su defensa en otro juicio.

El juez José Manuel Díaz Vélez ratificó el pedido de investigación sobre el patrimonio de Luis Alejandro Ontiveros. Esto incluye el levantamiento del secreto bancario, bursátil y financiero, así como requerimientos al Banco Central, a plataformas como Mercado Pago y MODO, y a proveedores de activos virtuales como Binance.

La defensa, encabezada por Miguel Ángel Pierri, había interpuesto un recurso de apelación con solicitud de suspensión de efectos, argumentando que estas medidas eran prematuras o carentes de fundamento. Sin embargo, el juez mantuvo su postura de que el rastreo en la base EFISCO de ARCA y el análisis de la capacidad económica son pasos conducentes para determinar la veracidad de la denuncia original.

¿Por qué se postergó la audiencia?

Donde la defensa sí obtuvo un resultado favorable fue en el manejo de los tiempos procesales. Pierri argumentó que su intervención en el debate oral por el fallecimiento de Diego Maradona en Buenos Aires le impedía asistir a Ontiveros en la fecha originalmente pactada.

Ante esta situación, Díaz Vélez decidió reprogramar la audiencia indagatoria para el 15 de mayo a las 9.30 horas. Esto otorga un respiro temporal al imputado, pero el juez dejó claro que las medidas de prueba patrimonial seguirán su curso administrativo de manera independiente a la declaración.

¿Cómo comenzó este caso?

El caso se inició hace once meses, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA representado por el abogado Juan Andrés Robles, denunció a Ontiveros. Según la denuncia, Ontiveros se presentó como una figura con llegada directa a la vocalía del camarista Mario Leal y le habría exigido sumas de hasta 180.000 dólares para favorecer a su hijo Jerónimo en una causa penal en Catamarca.

Lo que comenzó como una denuncia ha derivado en una investigación que pone bajo la lupa no solo al abogado, sino también la estructura de relaciones dentro de la Cámara Federal. Esto incluye el uso de vehículos oficiales y extensiones de tarjetas de crédito, que el fiscal Agustín Chit considera pruebas de un poder de influencia comercializado en la sombra.

¿Qué alega la defensa?

En su descargo previo, Ontiveros alegó que la causa es una “expedición de pesca” destinada a perjudicar la carrera de su esposa, la abogada Solana Casella. Ella concursa por una vacante en el Juzgado Federal N° 1 y es relatora del camarista Mario Leal, a quien Ontiveros sindica como su “papá del corazón”.

Sin embargo, el rechazo de la apelación refuerza la hipótesis de que el juzgado encuentra mérito suficiente para investigar si el nivel de vida y los activos del letrado guardan relación con sus ingresos declarados. Se busca determinar si existen indicios de un enriquecimiento derivado de gestiones extrajudiciales.

¿Qué pruebas se están analizando?

El estado actual del proceso muestra una instrucción que, tras meses de dilaciones por recusaciones y excusaciones de varios camaristas, parece haber encontrado un ritmo sostenido. Con la confirmación de Díaz Vélez al frente y el rechazo a las nulidades planteadas por la defensa, el expediente se encamina hacia una etapa de definiciones técnicas.

Los informes de la DATIP sobre el teléfono celular de Ontiveros se cruzarán con los datos bancarios que el Banco Central deberá remitir en los próximos días. En el teléfono se hallaron seguimientos de vacantes y claves de sistemas internos, además de anotaciones que tienen que ver con circunstancias judiciales que le deberían estar vedadas a un particular, como capturas de pantallas de mails oficiales con la situación del hijo del denunciante.

¿Qué se investiga específicamente?

La Justicia busca determinar, por ejemplo, si la residencia de Ontiveros en el country Alto Verde y el pago de sus expensas forman parte de una “economía compartida” con el camarista Leal que la fiscalía sospecha como indicio de delito. Mientras Pierri atiende los tribunales de Buenos Aires, en Tucumán el cerco sobre su cliente se estrecha a través de bytes y registros contables que no dependen de la presencia física de los abogados para ser procesados por el juzgado.

Este escenario deja a Ontiveros ante una encrucijada estratégica para el 15 de mayo. Por un lado, la ratificación judicial de las medidas de prueba patrimonial le quita margen de maniobra para negar la existencia de sus activos; por el otro, el tiempo ganado por la postergación le permite a su defensa analizar los primeros resultados de los informes bancarios antes de prestar declaración.