El juez Irurzun se queda sin asidero judicial para seguir en el cargo tras los 75 años

La Cámara Contencioso Administrativo Federal le puso un freno definitivo al juez Martín Irurzun: rechazó su apelación para quedarse en el puesto más allá de los 75 años. El fallo confirmó que el magistrado deberá dejar su cargo el próximo 18 de julio si el Ejecutivo no envía su pliego al Senado.

Irurzun, que integra la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desde hace más de dos décadas, había solicitado una medida cautelar para suspender el límite etario establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Pero la Justicia consideró que su pedido carecía de fundamento sólido.

¿Qué argumentó el juez para quedarse?

En su presentación, el magistrado sostuvo que el precedente “Schiffrin” de la Corte Suprema –que reafirma la validez del límite de edad– había perdido vigencia tras el cese del exministro Juan Carlos Maqueda. Sin embargo, la Cámara calificó ese planteo como “una conjetura sin sustento jurídico suficiente”.

Los jueces recordaron que los tribunales inferiores deben acatar los fallos de la Corte Suprema, salvo que se presenten argumentos nuevos y fundados para apartarse. En este caso, no encontraron razones válidas.

El rol del Estado y las excusaciones

El Estado Nacional se opuso al otorgamiento de la cautelar. Antes de resolver, la Cámara aceptó las excusaciones de los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio, quienes se apartaron por decoro: Irurzun había intervenido en una causa penal en la que ellos figuran como denunciados.

La Sala II, integrada además por Roberto Boico y Eduardo Farah, es clave en la revisión de causas de corrupción, trata de personas y narcotráfico. Con la salida de Irurzun, se abrirá una vacante en ese tribunal estratégico de Comodoro Py.

El gobierno acelera nombramientos

En paralelo, el Poder Ejecutivo oficializó días atrás el nombramiento de 11 jueces y camaristas y cuatro funcionarios del Ministerio Público, tras la aprobación de 75 pliegos por el Senado el 4 de junio. Los decretos fueron firmados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de viajar a París para participar en el plenario del GAFI en la OCDE, donde coincidió con el juez Ariel Lijo.

Las designaciones abarcan tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del interior del país.