El INTA se encoge: 757 empleados ya aceptaron el retiro voluntario y la meta es recortar un 20% de la planta

El programa de retiros voluntarios en el INTA ya suma 757 adhesiones, tras una nueva tanda de 380 bajas efectivizadas este lunes. La reestructuración, impulsada por el gobierno nacional, apunta a reducir en un 20% la planta de personal del organismo.

El plan, financiado por el ministerio de Economía y liderado por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, busca achicar la dotación actual de unos 5750 trabajadores a 4500. Para eso, se fijó un cupo máximo de 1200 retiros voluntarios, cifra a la que se acercan a medida que avanzan las revisiones de expedientes. Además, el Consejo Directivo evalúa contrarreloj otros 150 casos.

¿Dónde pega más fuerte el ajuste?

El impacto ya se siente en el interior. En Rauch, ocho trabajadores de la agencia local se acogieron al retiro. En la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro, nueve empleados dejaron sus funciones, entre ellos la propia directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen, una baja que encendió alarmas en el sector productivo regional por su rol clave en fruticultura, horticultura y desarrollo agroindustrial.

La pérdida de personal se replica en decenas de municipios de la región pampeana, el NOA y la Patagonia, donde los técnicos brindan asistencia a pequeños y medianos productores, monitorean cultivos y trabajan en desarrollo genético.

La letra chica de las indemnizaciones

Los agentes aceptados recibirán una compensación equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, en un solo pago a 30 días. Sin embargo, el ministerio de Economía solo financia los años en planta permanente; las antigüedades bajo contratos transitorios quedan en “observaciones particulares”. Además, quienes firmaron el retiro no podrán reingresar a la administración pública nacional por cinco años.

Con un costo fiscal estimado en más de $101.700 millones, aportados por las arcas que conduce Luis Caputo, el plan deja interrogantes sobre la capacidad operativa futura del INTA. El campo y las entidades agropecuarias deberán evaluar el impacto en la transferencia tecnológica y el soporte científico para las próximas campañas.