El insólito descuido que delató a los seis acusados por el cargamento de 470 kilos de cocaína en Tucumán

La Justicia Federal dictó prisión preventiva para los seis detenidos por el hallazgo de 470 kilos de cocaína en Tucumán y les trabó un embargo de $5.000 millones. El juez José Manuel Díaz Vélez consideró acreditado el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

La investigación arrancó hace un mes, cuando Gendarmería Nacional interceptó una Toyota Hilux que transportaba la droga valuada en unos U$S 2,3 millones. Ahora, la causa entra en una nueva fase para identificar al proveedor, la ruta y el verdadero dueño del cargamento.

¿Quién es quién en la banda?

Marcos Nacif, conductor del vehículo, intentó desligarse diciendo que desconocía la carga. Pero el juez no le creyó: “Es remisero con amplia experiencia al volante, debió notar las características inusuales del traslado”, señaló. Sus defensores, los Lobo Aragón, adelantaron que ampliará su declaración.

Rodrigo “Icha” Chávez, propietario registral de la camioneta, afirmó que la había entregado a Pablo Abraham Pérez como parte de pago quince días antes. Sin embargo, los investigadores encontraron dentro del vehículo dos licencias de conducir y su DNI, lo que debilitó su coartada. Su abogado, Benito Allende, insiste en que no hay pruebas suficientes.

Pablo Abraham Pérez es señalado como el presunto organizador. Las cámaras de seguridad lo captaron dejando la camioneta estacionada antes del secuestro. Es el único que no declaró y su defensor, Ernesto García Biagosch, evitó hacer comentarios.

Matías Díaz fue procesado por participar de una reunión con Pérez previa al operativo. Él dijo que fue para comprar un acoplado.

Enrique Santos Catulo y su hijo, Ernesto Catulo Chamás, también estuvieron en ese encuentro. Catulo padre alegó que fue para cobrar una deuda, pero el juez recordó que ya tiene una condena por lavado de activos en la causa del clan Ale. Para ambos, hay indicios de que conocían la maniobra.

Los pasos siguientes de la investigación

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz ordenó nuevas medidas: analizar los celulares secuestrados para reconstruir la logística, identificar al proveedor y determinar el destino final de la droga. Uno de los objetivos clave es dar con el verdadero propietario de los 470 kilos.

Además, la pesquisa apunta al patrimonio de los imputados. Vecinos de Famaillá señalaron que Pérez pasó a controlar un local gastronómico, un boliche y una empresa de transporte en poco tiempo. Durante un allanamiento, Gendarmería detectó que del galpón donde guardaba sus camiones había desaparecido el disco rígido con las grabaciones de las cámaras de seguridad, un detalle que será investigado.