El Gobierno reglamentó la reforma laboral y pone en jaque a todos los convenios colectivos

El Gobierno de Javier Milei reglamentó esta semana la reforma laboral sancionada en marzo, modificando el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. La medida habilita la renegociación obligatoria de todos los acuerdos entre gremios y empresas en un plazo de un año, lo que podría impactar directamente en adicionales, suplementos, categorías y jornada laboral.

El decreto 407, publicado el lunes en el Boletín Oficial, establece que la Secretaría de Trabajo considerará vencidos los convenios cuyo plazo original haya expirado. Además, podrá prescindir de las cláusulas de prórroga de vigencia sin alterar la validez de las cláusulas restantes. Para los convenios sin fecha de vencimiento, se fijó como referencia el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué dice la CGT?

La CGT alertó sobre el impacto de la reglamentación y denunció la situación ante la Organización Internacional del Trabajo por violación de los convenios 87 y 98. “Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la central.

El decreto dispone que la convocatoria a renegociar los convenios se inicia un mes después de su publicación y se extenderá por un año. Otorga a la Secretaría de Trabajo la facultad de suspender la homologación de los convenios si las partes no avanzan en la renegociación, decisión que los gremios califican como una “provocación”.

¿Qué opinan los especialistas?

El abogado laboralista Juan Ottaviano señaló a Clarín: “Podría terminar por habilitarse una ronda paritaria especial por un año con más poder de la autoridad administrativa de Trabajo para establecer topes salariales y que si no son aceptados se abra la renegociación de todo el convenio, aunque la ley no diga estrictamente esto”.

La polémica surge porque, si bien la ley 27.802 solo estableció el fin de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales (como las cuotas solidarias), la reglamentación abrió la posibilidad de que también pierdan vigencia las cláusulas normativas, que definen condiciones de trabajo o categorías salariales.

Ya se activaron presentaciones de cámaras empresarias denunciando el vencimiento de convenios y reclamando su renegociación, especialmente en el sector marítimo. “Habrá que ver qué pasa en los hechos, pero si se generaliza se va a abrir una conflictividad importante”, alertó Héctor Daer, líder del gremio de Sanidad y referente de la CGT.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, advirtió que la reglamentación supone “una intromisión que rompe la soberanía de las partes en la negociación de paritarias”. La CGT ya denunció el caso ante la OIT y evalúa judicializar el decreto.

La reforma también fijó topes a las cuotas solidarias: los sindicatos no podrán cobrar más del 2% de las remuneraciones, y las cámaras empresarias no más del 0,5%. Antes no existían límites y los aportes podían llegar al 4% o 5%. El decreto amplificó estos topes para todos los aportes y definió que los convenios que fijen cuotas superiores deberán renegociarse.