El Gobierno prepara una jugada clave para el fútbol argentino y la tensión con la AFA escala

El proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) vuelve a la carga desde la Casa Rosada. En medio de un clima de fuerte confrontación con la Asociación del Fútbol Argentino, el Gobierno de Javier Milei planea enviar al Congreso durante 2026 la iniciativa que permitiría transformar los clubes en empresas. La medida, que busca atraer inversiones, forma parte de un paquete de reformas más amplio y promete reavivar un debate histórico en el deporte nacional.

Las SAD habilitarían a las instituciones deportivas a convertirse en sociedades comerciales con accionistas y fines de lucro. Para el oficialismo, este modelo es la vía para modernizar la gestión y transparentar las finanzas del fútbol, atrayendo capitales frescos. Sin embargo, el camino legislativo se anticipa complejo y cargado de simbolismo político.

¿Cuál es la estrategia y el timing del Gobierno?

Fuentes oficiales reconocen que el momento exacto del envío del proyecto al Parlamento aún no está definido. Existe una corriente dentro del Gobierno que promueve girarlo antes del Mundial de 2026, con el objetivo de marcar una posición, pero postergando su tratamiento profundo para después del evento. La intención explícita es no mezclar a la selección nacional en la polémica. “No queremos mezclar a la selección en esto”, deslizaron voces cercanas a la decisión.

La iniciativa no viajará sola. Se integrará en un esquma legislativo más ambicioso que contempla modificaciones al régimen de asociaciones civiles y una reforma del Código Civil y Comercial, junto con cambios de tipo procesal. Este punto fue mencionado por el propio presidente Milei en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

El Gobierno mantiene la intención de profundizar las tensiones con la AFA a través de la vía judicial y administrativa.

Un historial de intentos y el actual frente de conflicto

Esta no es la primera vez que Milei intenta impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas. En los primeros meses de su gestión, lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que fue suspendido por la Justicia. También se abrieron canales de negociación con el entorno del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pero esos contactos no prosperaron más allá de conversaciones iniciales.

Hoy, el escenario es de abierta confrontación. El Gobierno admite que mantiene la intención de profundizar las tensiones con la AFA a través de la vía judicial y administrativa. Acciones concretas ya están en marcha: se impulsaron denuncias mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, en el corto plazo, se designará a los veedores que solicitó la Inspección General de Justicia (IGJ) para auditar los balances de la asociación futbolística.

El paro de actividades anunciado por la AFA, en respuesta a la citación a indagatoria de Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, fue otro factor de análisis para el oficialismo. Las fuentes consultadas indican que midieron el impacto en la opinión pública de esa medida. “Detectamos mucho enojo de la gente”, argumentaron, lo que los alentó a continuar con una estrategia de polarización contra los dirigentes.

Otros frentes: el caso Gallo y los sindicatos

La tensión también escaló por un tema externo al ámbito económico-deportivo: la participación de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela durante 448 días. Desde el Gobierno expresaron malestar por lo que consideran un vacío informativo. “Estábamos al tanto del avión y de lo que significaba porque tuvimos que autorizar su vuelo. Después no nos informaron más y ahí se produjo el vacío informativo”, expresaron.

Las reformas planeadas, que incluyen cambios en los regímenes de asociaciones civiles, también podrían generar nuevos choques institucionales. El Ejecutivo espera que estas modificaciones, que buscarían alterar el esquema de elección de autoridades en distintos tipos de entidades, generen tensiones con las organizaciones sindicales. La reforma del Código Civil y Comercial, por su parte, apunta a ampliar la autonomía contractual entre privados y revisar aspectos del régimen de las personas jurídicas.

La causa judicial que pesa sobre Tapia y Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones, sigue su curso, añadiendo otro capítulo a este complejo entramado donde deporte, política y economía se entrelazan.