El Gobierno oficializa un aumento salarial para ministros y altos funcionarios, excluyendo a Milei y Villarruel

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este viernes un decreto que establece un incremento en los sueldos de ministros, secretarios y subsecretarios, luego de más de un año de congelamiento. La medida, que no es retroactiva, no aplica para el Presidente ni la Vicepresidenta y está condicionada al superávit fiscal.

Mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial de este 3 de enero, la administración de Javier Milei formalizó una actualización en las retribuciones del alto funcionariado del Estado Nacional. La normativa, que lleva la firma del presidente y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pone fin al congelamiento salarial vigente desde diciembre de 2023 para estas autoridades.

Si bien en las últimas semanas se había especulado con ajustes que podrían haber oscilado entre el 60% y el 100%, el texto oficial no detalla los porcentajes o montos específicos del aumento. Tampoco establece una fecha exacta de implementación, más allá de señalar que regirá “a partir de ese mes”. Lo que sí deja en claro es una excepción de peso: los haberes del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel no serán modificados.

Quiénes son los alcanzados por la medida

El incremento salarial se aplicará a un amplio espectro de cargos de conducción superior. En concreto, beneficiará a los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional regidos por el Decreto N° 838/94 y sus modificaciones. También abarca a las Autoridades Superiores incluidas en los regímenes de los Decretos N° 1716/92 y N° 140/07, así como a funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

El decreto enfatiza que estos aumentos no tendrán carácter retroactivo, por lo que los funcionarios no recibirán compensación por los meses de congelamiento. Actualmente, según los datos oficiales, un ministro nacional percibe un salario de $3.584.006, un secretario cobra $3.282.709 y un subsecretario, $2.981.510.

Una cláusula clave: el aumento depende del superávit fiscal

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es la condicionalidad del incremento a la salud de las cuentas públicas. El documento establece que, “en caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de las Autoridades Superiores referidas quedarán automáticamente congeladas“.

Esta disposición busca, según los considerandos del decreto, “reafirmar la importancia del superávit fiscal” como un objetivo central de la gestión. Los aumentos quedarán suspendidos mientras persista una situación de déficit, vinculando directamente la remuneración de los altos cargos a los resultados macroeconómicos del gobierno.

Los fundamentos del Gobierno para el incremento

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo argumenta la necesidad de contar con “un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas” para quienes ejercen la conducción superior del Estado. Señala que este escenario, “en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional”.

El texto vincula la decisión a los logros económicos de la administración: “teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial… sin comprometer la sostenibilidad fiscal”. Asegura que este reordenamiento forma parte de “una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.

Hacia un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito

En paralelo al aumento salarial, el decreto 931/2025 instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a trabajar en la implementación de un nuevo sistema de empleo público. Este sistema deberá estar basado en el mérito y la evaluación periódica de desempeño, con el objetivo declarado de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la dotación estatal.

El Gobierno concluye que el ordenamiento salarial “constituye una medida necesaria pero no aislada”, y debe entenderse como parte de un proceso de transformación para dejar atrás lo que califica como “un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.

La publicación de este decreto se produce en un contexto de ajuste generalizado del gasto público y de fuertes debates sobre la distribución de recursos, marcando una diferenciación en el tratamiento salarial entre la primera línea de gobierno y el resto de la alta función pública.