El Gobierno nacional proyecta un ahorro de US$ 1.000 millones con una reforma focalizada de subsidios energéticos

La Secretaría de Energía avanzó en un nuevo régimen de subsidios que busca un ahorro fiscal de US$ 1.000 millones. El plan, que se aplicará a partir de 2026, reconoce la necesidad de criterios regionales y promete revisar los topes de consumo subsidiado para zonas con climas extremos, como el norte argentino.

El informe final de la consulta pública para el lanzamiento del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados fue publicado en el Boletín Oficial el martes pasado. El documento, que analizó 26 comentarios de diversos actores, establece la hoja de ruta para una política que pretende equilibrar la asistencia estatal con la sostenibilidad fiscal.

El compromiso del Gobierno es revisar la política de subsidios para el año 2026. Una de las principales consideraciones será la posibilidad de otorgar un mayor bloque de consumo de electricidad con ayuda estatal, tomando en cuenta las condiciones climáticas específicas de cada región.

Reconocimiento de las diferencias regionales

En el documento oficial, firmado por el subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, se admitió que los argumentos sobre las variaciones regionales son “atendibles”. Se reconoció que los requerimientos energéticos esenciales cambian significativamente según la región, el clima, la disponibilidad de fuentes alternativas y la infraestructura local.

El equipo de la Secretaría de Energía advirtió expresamente que “la aplicación de parámetros uniformes podría generar efectos regresivos en zonas con climas extremos o con alta dependencia de determinadas fuentes de energía”. Esta declaración sienta las bases para un tratamiento diferenciado, particularmente relevante para las provincias del norte del país.

Impacto masivo en los usuarios eléctricos

Como ha informado el diario Clarín, el cambio implicará que aproximadamente 7.330.000 hogares de mayores ingresos o patrimonio en todo el país pierdan los subsidios a la electricidad a partir del 1 de enero de 2026. Según un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, estos usuarios actualmente abonan el 92% del costo real de generación eléctrica y el 80% del gas. A partir del próximo mes, sus facturas reflejarán el 100% del precio mayorista de ambos servicios.

La medida también alcanzará a unas 140.000 familias categorizadas como “Nivel 3 – Ingresos medios”, cuyos ingresos equivalen a entre 3 y 3,5 canastas de pobreza. En total, el 45% de los usuarios del sistema eléctrico nacional quedarán sin ningún tipo de asistencia estatal directa.

Por el contrario, el 55% restante, que comprende unos 9.100.000 hogares que declaran ingresos menores a $3.771.987 mensuales, mantendrá subsidios. Tendrán cubierto el 50% del costo de la electricidad hasta un tope de consumo: 300 kWh por mes en verano e invierno, y 150 kWh en otoño y primavera. Además, recibirán una bonificación decreciente del 25% a partir de enero, que se eliminará por completo el 31 de diciembre de 2026.

Nuevo esquema para el gas natural

El gas natural también tendrá un nuevo marco regulatorio. Se unificará el precio trasladado a las tarifas de los contratos del Plan Gas en 3,79 dólares por millón de BTU, estabilizando una banda que oscilaba entre US$2,90 en verano y US$4,50 en invierno.

Los subsidios al gas se aplicarán únicamente al 50% de los bloques de consumo garantizados, los cuales varían según la región del país, y solo estarán vigentes entre los meses de abril y septiembre. Este cambio se traducirá en un incremento fuerte de dos dígitos en las facturas de gas a partir del próximo mes, aunque el Gobierno aún no ha precisado el impacto exacto en los recibos de los usuarios.

La reforma integral busca, en definitiva, racionalizar el gasto público en energía, que representa un porcentaje significativo del PIB, al tiempo que intenta proteger a los sectores más vulnerables y reconocer las disparidades geográficas del vasto territorio argentino.