El Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 con un superávit proyectado

Mediante un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley de Presupuesto para 2026. La normativa, que prevé un resultado financiero positivo de $226.469 millones, fue sancionada por el Senado a fines de diciembre y concentra el gasto en servicios sociales. Esta planificación fiscal marcará la política económica nacional para el próximo año y tendrá un impacto directo en la asignación de recursos federales que recibe Tucumán.

La promulgación se concretó a través del Decreto 1/2025, rubricado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La ley había obtenido su sanción definitiva durante una sesión especial de la Cámara alta el pasado 26 de diciembre, con un resultado de 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

Los números clave del presupuesto nacional

El artículo 4° de la ley establece un resultado financiero positivo (superávit) de **$226.469 millones**, marcando un cambio de rumbo respecto a ejercicios anteriores caracterizados por el déficit. Por el lado de los gastos, se proyecta un total de **$148.000 millones** para erogaciones corrientes y de capital. La distribución de este gasto muestra una **marcada concentración en servicios sociales**, que se llevan la porción más significativa del presupuesto.

Según el documento oficial, del total de gastos, **$106,5 billones** están destinados a servicios sociales. Le siguen en importancia los fondos para el pago de deuda pública, con **$14,1 billones**, y los servicios económicos, con **$11,4 billones**. En paralelo, la ley estima que los recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional ascenderán a **$148.295 millones**.

Apoyo político y restricciones en la administración

Para lograr la aprobación en el Senado, el bloque oficialista La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO y de otras fuerzas aliadas. En oposición, el espacio kirchnerista rechazó la sanción de esta iniciativa, considerada clave para la administración de Milei. La norma también impone **restricciones estrictas para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional**. Estas limitaciones tendrán excepciones únicamente para áreas consideradas críticas, como Salud, Seguridad y Defensa.

Entre las asignaciones específicas más relevantes, el texto destina **$4,78 billones** para los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Además, asigna **$11.290 millones** al Fondo Nacional de Empleo, que financia programas del Ministerio de Capital Humano, y **$15.843 millones** al Fondo de Bosques Nativos.

Promulgan en paralelo la Ley de Inocencia Fiscal

En el mismo acto administrativo, el Gobierno también promulgó, por decreto, la **Ley de Inocencia Fiscal**. Esta norma modifica formalmente la Ley 24.769, del Régimen Penal Tributario, y actualiza montos que se consideraban desfasados por la inflación.

La nueva ley eleva significativamente los pisos a partir de los cuales se configura un delito de evasión. El monto para la **evasión simple** se incrementa de 1,5 a **100 millones de pesos**, mientras que el de la **evasión agravada** sube de 15 a **1.000 millones de pesos**. También se aumentan a **$100 millones** los valores que determinan un delito por falsificación de facturas, y a **200 millones** las deudas para quienes estén adheridos a planes de beneficios fiscales.

Un aspecto central de la ley es la habilitación de un mecanismo de regularización: la AFIP no realizará una denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses resueltos por el organismo. Si la denuncia ya fue presentada, la acción penal se extinguirá al pagar la deuda, los intereses y un **50% adicional** como penalidad.

Otro cambio sustancial es la **reducción del plazo de prescripción de las deudas impositivas**, que pasa de 5 a **3 años**. Finalmente, la norma crea el **“Régimen Simplificado de Ganancias”**, una opción disponible para personas con ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones, que no estén clasificados como grandes contribuyentes.