El Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 con superávit financiero

El Poder Ejecutivo promulgó este viernes, mediante decreto, la Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026, que proyecta un resultado financiero positivo de $226.469 millones. La normativa, clave para la administración de Javier Milei, concentra el gasto en servicios sociales y establece restricciones para nuevas contrataciones en el Estado.

La sanción definitiva de la ley se había concretado en una sesión especial del Senado el pasado 26 de diciembre, donde obtuvo 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Previamente, la Cámara de Diputados le había dado media sanción. El bloque oficialista, La Libertad Avanza, logró su aprobación con el respaldo del PRO y otras fuerzas aliadas, mientras que el espacio kirchnerista se opuso a la iniciativa.

Los números centrales del presupuesto

El artículo 4° de la ley establece un superávit financiero proyectado de $226.469 millones, marcando un cambio respecto a ejercicios anteriores que cerraban con déficit. Por el lado del gasto, se prevé un monto total de aproximadamente $148.000 millones para erogaciones corrientes y de capital. La mayor porción, $106,5 billones, está destinada a servicios sociales. Le siguen en importancia la deuda pública, con una asignación de $14,1 billones, y los servicios económicos, con $11,4 billones.

En cuanto a los recursos, la administración nacional estima recaudar $148.295 millones por conceptos de recursos corrientes y de capital. La norma también impone limitaciones estrictas para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional, aunque prevé excepciones para áreas consideradas críticas, como Salud, Seguridad y Defensa.

Asignaciones específicas y partidas destacadas

El texto legal detina partidas concretas a diversos organismos y fondos. Para las universidades nacionales, se asignan $4,78 billones para cubrir gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. El Fondo Nacional de Empleo, que depende del Ministerio de Capital Humano, recibirá $11.290 millones. Asimismo, se destinan $15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos.

Esta distribución refleja las prioridades del gobierno, con un foco preponderante en el ámbito social, aunque dentro de un marco general de restricción del gasto público y búsqueda de equilibrio fiscal.

Promulgan en paralelo la Ley de Inocencia Fiscal

En el mismo acto administrativo, el gobierno promulgó la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769). Su objetivo principal es actualizar los montos a partir de los cuales se configuran delitos tributarios, valores que habían quedado desactualizados por la inflación.

La nueva normativa incrementa significativamente los umbrales para la evasión. El monto para considerar una evasión simple se eleva de 1,5 a 100 millones de pesos, mientras que para la evasión agravada sube de 15 a 1.000 millones de pesos. También se aumenta a $100 millones el valor a partir del cual la falsificación de facturas es un delito, y a 200 millones la deuda para quienes estén en regímenes de promoción fiscal.

Mecanismos de regularización y nuevos regímenes

La ley introduce un mecanismo de “perdón” para los contribuyentes. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no realizará denuncias penales si la deuda, más los intereses resarcitorios, es cancelada. Si la denuncia ya fue realizada, la acción penal se extinguirá al pagar la deuda, los intereses y un 50% adicional como penalidad.

Otro cambio sustancial es la reducción del plazo de prescripción para las deudas impositivas, que pasa de 5 a 3 años. Además, se crea el “Régimen Simplificado de Ganancias”, una opción para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes. La norma también eleva los valores que obligan a escribanos y entidades bancarias a informar operaciones a la AFIP.

La publicación de ambos decretos en el primer Boletín Oficial del año formaliza herramientas legales centrales para la política económica del gobierno de Javier Milei, enfocadas en el ordenamiento de las cuentas públicas y la modificación de parámetros en la administración tributaria.