El Gobierno nacional apelará la anulación judicial del protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que recurrirá un fallo que declaró nulo el protocolo para desalojar cortes de calle. La ministra Alejandra Monteoliva y la exministra Patricia Bullrich defendieron con firmeza la herramienta, cuestionando al magistrado interviniente.

La cartera de Seguridad que dirige Alejandra Monteoliva confirmó este lunes que presentará una apelación contra la resolución del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y anuló el protocolo antipiquetes. Este procedimiento, establecido por la resolución 943/2023 durante la gestión de Patricia Bullrich, regula la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.

Una herramienta “legítima” y con respaldo, según el oficialismo

En un comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que el protocolo es “legítimo” y fue “validado en reiteradas ocasiones” por la Justicia. Argumentaron que la medida “tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que “la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta”. Desde el Gobierno nacional se enfatizó que el objetivo del protocolo no es prohibir la protesta, sino ordenarla, garantizando el derecho a la libre circulación y al comercio.

“El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación”, señaló el texto difundido por la cuenta oficial de la cartera en la red social X. Agregaron que, desde su implementación hace dos años, la herramienta “permitió garantizar la libre circulación” y “devolvió el orden, previsibilidad y paz social”.

Críticas frontales contra el juez interviniente

La reacción más contundente vino de la actual senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien impulsó el protocolo. En sus redes sociales, Bullrich cargó directamente contra el juez Cormick, afirmando: “¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno”. La legisladora aseguró que quienes festejan la decisión son “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.

La ministra Monteoliva se alineó con este discurso, publicando: “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. Fernando Soto, exfuncionario del ministerio y actual asesor de Bullrich, profundizó los ataques personales al magistrado, revelando aspectos de su trayectoria política: “Cormick fue director de la IGJ con Cristina Kirchner, es de La Cámpora y trabajó para A. Fernández”. Soto calificó el fallo de “burrada” basada en “ideología”.

El fundamento de la anulación y la postura oficial

El juez Cormick, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, consideró en su fallo que el protocolo antipiquetes “pone en jaque el derecho a la protesta social”. Esta perspectiva choca frontalmente con la visión del Gobierno, que insiste en que la herramienta es fundamental para mantener el orden público. El Ministerio advirtió en su comunicado que, de no existir el protocolo, “vuelve el caos y el desorden”, mientras que con él hay “orden, convivencia y reglas claras para todos”.

La disputa judicial se enmarca en una pulseza política de mayor alcance sobre los límites de la protesta social. Mientras el oficialismo y sus aliados presentan el protocolo como un pilar para la convivencia, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores lo ven como una restricción a un derecho constitucional. La apelación anunciada llevará el caso a una instancia superior, donde se definirá la validez de una de las políticas de seguridad más emblemáticas y controvertidas de los últimos años.