El Gobierno Nacional apelará la anulación judicial del protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que recurrirá un fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, una herramienta clave de la gestión Bullrich. La ministra Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich defendieron con firmeza la medida, acusando al magistrado interviniente de actuar con sesgo político.

La cartera de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva confirmó este lunes que presentará una apelación contra la resolución del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y anuló el protocolo para desalojar cortes de calles. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, considera que el procedimiento impulsado hace dos años por Patricia Bullrich pone en riesgo el derecho a la protesta social.

Una defensa firme desde el oficialismo

En un comunicado oficial, el ministerio sostuvo que el protocolo es “legítimo” y fue “validado en reiteradas ocasiones” por la Justicia. “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden”, afirmaron, destacando que “la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta”. Argumentaron que, desde su implementación mediante la resolución 943/2023, el protocolo “permitió garantizar la libre circulación” y devolver el orden.

La postura oficial enfatiza que la herramienta tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que no prohíbe las manifestaciones, sino que las ordena. “Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación”, señaló el texto, advirtiendo que sin el protocolo “vuelve el caos y el desorden”.

Bullrich y Monteoliva apuntan contra el juez Cormick

La senadora nacional y exministra Patricia Bullrich salió al cruce del fallo con duras críticas hacia el magistrado. “¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, publicó en la red social X, refiriéndose a Cormick. Bullrich defendió el protocolo al afirmar que fue “validado por decenas de jueces” y cuenta con el respaldo ciudadano, y acusó a quienes festejan la anulación de ser “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.

Por su parte, la ministra Monteoliva también utilizó la misma plataforma para cuestionar la decisión judicial. “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, escribió, asegurando que no darán “un paso atrás” y procederán con la apelación.

Críticas personales y antecedentes políticos en la mira

Los cuestionamientos al juez Cormick se profundizaron con la intervención de Fernando Soto, exdirector de Normativa en el Ministerio de Seguridad y actual asesor de Bullrich. Soto atacó directamente los antecedentes del magistrado, afirmando: “Cormick fue director de la IGJ con Cristina Kirchner, es de La Cámpora y trabajó para A. Fernández”. Calificó el fallo de “burrada” sostenida en “ideología” y vaticinó que “la Justicia lo va a revocar”.

El protocolo antipiquetes, una de las políticas bandera de la gestión de Bullrich al frente de Seguridad, se encuentra así en el centro de una nueva pulseada judicial y política. Su eventual restitución o anulación definitiva dependerá del resultado de la apelación que ahora impulsa el gobierno nacional, en una disputa que enfrenta conceptos de orden público contra el derecho a la protesta.