El Gobierno nacional apelará la anulación judicial del protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que recurrirá un fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, una herramienta clave de la gestión Bullrich. La ministra Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich defendieron con firmeza la medida, acusando al juez interviniente de parcialidad ideológica.

La cartera de Seguridad, ahora bajo el mando de Alejandra Monteoliva, confirmó este lunes que presentará una apelación contra la resolución del juez Martín Cormick. El magistrado del Contencioso Administrativo N° 11 hizo lugar a un amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y anuló la resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes. Cormick fundamentó su decisión en que el protocolo pone en riesgo el derecho a la protesta social.

Una defensa firme desde el oficialismo

En un comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que el protocolo es “legítimo” y fue “validado en reiteradas ocasiones” por la Justicia. “La gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta porque sabe que sin Protocolo vuelve el caos”, afirmaron. La cartera que dirige Monteoliva argumentó que la medida tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que “es la herramienta que devolvió el orden, previsibilidad y paz social”. Destacaron además que, desde su implementación hace dos años, permitió “garantizar la libre circulación”.

La postura gubernamental se resumió en una publicación en la red social X: “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”. El texto oficial añadió: “El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación”.

Bullrich y Monteoliva cargan contra el juez Cormick

Patricia Bullrich, quien impulsó el protocolo durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, salió al cruce del fallo con dureza. La ahora senadora nacional cuestionó directamente al juez Cormick: “¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno”. En su mensaje, defendió la herramienta al afirmar que fue “validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”. Bullrich acusó a quienes festejan la anulación de ser “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.

La ministra Monteoliva se alineó en la misma postura crítica. “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, escribió en su cuenta de X, asegurando que no darán “un paso atrás”.

Un ataque personalizado a los antecedentes del magistrado

El ataque más personalizado provino de Fernando Soto, exdirector de Normativa del ministerio y actual asesor de Bullrich en el Senado. Soto, conocido por su conocimiento del ámbito judicial, fue directo contra la trayectoria del juez Cormick: “Cormick fue director de la IGJ con Cristina Kirchner, es de La Cámpora y trabajó para A. Fernández (por Alberto)”. Calificó el fallo de “burrada” basada en “ideología” y auguró que “la Justicia lo va a revocar”.

El protocolo antipiquetes, establecido mediante la resolución 943/2023, fue diseñado con el objetivo declarado de poner punto final a los cortes de calles durante las protestas, regulando la actuación de las fuerzas de seguridad. Su posible anulación definitiva, pendiente del resultado de la apelación prometida por el Gobierno, reabre el debate sobre los límites entre el derecho a protestar y la garantía de la libre circulación en el espacio público.