El Gobierno Nacional apelará la anulación judicial del protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que recurrirá un fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, una herramienta clave de la gestión de Patricia Bullrich. La ministra Alejandra Monteoliva y la senadora Bullrich defendieron con firmeza el procedimiento, acusando al magistrado interviniente de actuar con sesgo político.

La cartera de Seguridad que dirige Alejandra Monteoliva confirmó este lunes que presentará una apelación contra la resolución del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo para actuar en manifestaciones públicas. Este protocolo, establecido mediante la resolución 943/2023 hace dos años, fue una de las banderas de la gestión de Patricia Bullrich al frente del mismo ministerio.

En un comunicado oficial, la cartera que hoy comanda Monteoliva sostuvo que el protocolo es “legítimo” y fue “validado en reiteradas ocasiones” por la Justicia. “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden”, afirmaron, señalando que “la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta”. Argumentaron que, desde su implementación, el procedimiento “permitió garantizar la libre circulación” y devolver “orden, previsibilidad y paz social”.

La reacción de Bullrich y el ataque al juez Cormick

Patricia Bullrich, actual senadora y ex ministra de Seguridad, salió al cruce del fallo con duras críticas hacia el magistrado. “¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, escribió en la red social X, refiriéndose a Cormick, juez en lo Contencioso Administrativo N° 11. Bullrich defendió el instrumento al afirmar que fue “validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”.

En su publicación, la líder de PRO aseguró que quienes festejan la decisión judicial son “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia”, concluyó su mensaje.

Los fundamentos de la nulidad y la defensa gubernamental

El juez Cormick consideró en su fallo que el protocolo antipiquetes “pone en jaque el derecho a la protesta social”. La medida judicial respondió a una acción de amparo presentada por el CELS, que cuestionaba el marco de actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en la vía pública.

Frente a esto, el Ministerio de Seguridad insistió en que el protocolo tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. “El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros”, detalló el comunicado oficial. La cartera advirtió que, de no existir esta herramienta, “vuelve el caos y el desorden”.

Monteoliva y un asesor suman críticas políticas al fallo

La ministra Alejandra Monteoliva también cuestionó la decisión judicial desde su cuenta de X. “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, escribió, anunciando que no darán “un paso atrás” y procederán con la apelación.

Los cuestionamientos se extendieron a Fernando Soto, ex director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial del ministerio y actual asesor de Bullrich en el Senado. Soto atacó directamente la trayectoria del juez Cormick, afirmando: “Cormick fue director de la IGJ con Cristina Kirchner, es de La Cámpora y trabajó para A. Fernández (por Alberto)”. Calificó el dictamen de “burrada” basada en “ideología” y auguró que “la Justicia lo va a revocar”.

El debate en torno al protocolo antipiquetes, una pieza central de la política de seguridad del gobierno de Javier Milei, queda ahora en manos de la instancia judicial superior que deberá resolver la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.