El Gobierno lanzó un plan para “limpiar” el sistema legal: ¿Qué leyes podrían desaparecer?

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar cientos de leyes consideradas obsoletas, en una movida que promete sacudir el ordenamiento jurídico argentino. La iniciativa, conocida como “Ley Hojarasca”, busca depurar el sistema normativo, eliminando regulaciones que generan “incertidumbre jurídica” y aumentan los costos para ciudadanos y empresas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es el impulsor de este ambicioso plan presentado este jueves.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo central es “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”. La acumulación de leyes a lo largo del tiempo habría creado un sistema complejo, contradictorio y de difícil aplicación, que atenta contra la seguridad jurídica, uno de los ejes de la política económica oficial.

El texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua. Por el contrario, “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, la propuesta avanza en una revisión integral para eliminar disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.

Un Estado más eficiente y un sector privado más ágil

El proyecto se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno, con el fin de “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”. Se busca reducir la intervención estatal en ámbitos donde se la considera innecesaria, optimizando el funcionamiento de las instituciones.

La iniciativa también pone el foco en el impacto de la acumulación normativa sobre la gestión pública. Los fundamentos señalan que “la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública”, lo que deriva en “ineficiencias operativas y mayores costos administrativos”. Muchas leyes vigentes “no solo carecen de aplicación efectiva, sino que además entorpecen la toma de decisiones”.

Para el sector privado, el exceso de regulación “constituye una barrera para el desarrollo de la actividad económica”. El proyecto argumenta que obliga a ciudadanos y empresas a “navegar un entramado normativo complejo y muchas veces innecesario”, frenando la inversión y el crecimiento.

Leyes de otra época y un llamado a la transparencia

Uno de los puntos clave es la actualización del marco legal. El documento remarca que existen normas que “responden a contextos históricos, económicos y sociales que ya no existen”, lo que refuerza la necesidad de una limpieza profunda y sistemática.

Además, el proyecto subraya la importancia de avanzar hacia un sistema más accesible. Plantea que “el conocimiento y comprensión de la ley por parte de los ciudadanos se ve afectado por la proliferación normativa”, un factor que atenta directamente contra el principio de transparencia y el derecho a estar informado.

Finalmente, la iniciativa no solo apunta a eliminar normas del pasado, sino a establecer un criterio para el futuro. El objetivo declarado es “sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico”, que evite volver a caer en la acumulación desordenada de leyes y mantenga un sistema legal ágil y comprensible.