El Gobierno lanza un nuevo proyecto que podría cambiar todo para miles de personas

El Ministerio de Salud envió al Senado una iniciativa que modifica de raíz la ley de emergencia en discapacidad, reabriendo una batalla legislativa que el oficialismo ya perdió una vez. La propuesta, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, desarma los principales pilares de la norma sancionada el año pasado y promete un impacto directo en beneficiarios y prestadores.

El ministro Mario Lugones firmó el proyecto junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Argumentan que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.

¿Qué cambia en el acceso a las pensiones?

Se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar.

Esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial. Además, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal, estableciendo incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.

Lule Menem y Martín Menem

¿Cómo afecta a las prestaciones y aranceles?

El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.

El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.

Este cambio impacta directamente en el sistema solidario. El Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que financiaba el nomenclador único, verá alterado su funcionamiento, lo que podría generar dificultades para entidades con menor capacidad financiera.

Spagnuolo y Lugones, en un encuentro oficial de ANDIS, en diciembre de 2024

¿Qué controles se implementarán?

El proyecto establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días.

Quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación. Estas medidas buscan endurecer los controles en un contexto donde sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Concentración frente al Congreso en apoyo a la Ley de emergencia en Discapacidad

¿Cuál es el contexto político?

La iniciativa ingresó por el Senado, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados. Sin embargo, el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad ya le costó al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Martín Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos.

El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones. El margen político es estrecho, ya que solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos.

Organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.