El Gobierno lanza su “Ley Hojarasca”: el polémico plan para borrar más de 70 normas de un plumazo

Una iniciativa que promete sacudir los cimientos del ordenamiento jurídico nacional llegó al Congreso. El Poder Ejecutivo envió este jueves el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por Federico Sturzenegger, que busca la derogación de más de setenta leyes por considerarlas “obsoletas o superadas”. La medida abre un intenso debate sobre la modernización del Estado y los límites de la intervención legal.

En el extenso documento presentado, el Gobierno clasificó las normas a eliminar en seis categorías específicas. Estas incluyen leyes “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”, otras que “afectan a libertades individuales” y las que “remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos”. También figuran aquellas englobadas por legislaciones posteriores, las que su derogación implica “un avance en la desburocratización” y leyes sobre organismos para el sector público financiados con fondos nacionales.

¿Qué argumenta el Ejecutivo?

La justificación oficial es contundente. Desde el Gobierno afirmaron que existe “una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”. En su visión, muchas son “meramente declamativas” o responden a circunstancias históricas ya superadas. “Los derechos no requieren leyes”, sentenciaron en el proyecto, marcando una filosofía de base para la iniciativa.

El núcleo del debate se centra en las leyes que, según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, “afectan las libertades individuales”. Una de las más emblemáticas es la Ley 14.034, de 1951, que reprime con prisión al argentino que propicie sanciones contra el Estado. El Gobierno la tildó de norma que “prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

¿Qué otras libertades están en la mira?

La lista de normas cuestionadas por restringir libertades es extensa y abarca gobiernos de distintos signos políticos. Se incluye la Ley 18.312 (1969) sobre un fondo para papel prensa, que “busca restringir la libertad de expresión”. También figuran dos leyes de la época de Alejandro Lanusse: la 19.787, que “restringe la elección de temas musicales en radios”, y la 20.120, que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.

Un punto que generará ruido en el propio Congreso es la inclusión de la Ley 20.959, de 1975, que otorga a senadores y diputados libre circulación y estacionamiento. Sturzenegger fue directo: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

Entre las leyes más recientes en la lista destaca la 26.688, aprobada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas. El argumento para su eliminación es que su reglamentación “no impone acciones concretas”.

El amplio abanico de normas a derogar

El proyecto no se limita a las leyes sobre libertades. Incluye decenas de normas consideradas técnicas u obsoletas. Por ejemplo, en la categoría de “superadas por normas posteriores” figuran leyes como la 23.678 y la 24.675. Entre las “obsoletas” por avance tecnológico se mencionan la 23.756 y la 23.888.

El paquete también apunta a avanzar en la “desburocratización”, con la derogación de leyes como la 14.041, la 20.876 y la 26.227. Finalmente, se propone eliminar normas que remiten a organismos ya disueltos, como la 11.245, la 20.085 y el Decreto-Ley 12.795/44, entre otras.

Con este envío al Congreso, el Gobierno de Javier Milei pone sobre la mesa una de las reformas legales más ambiciosas y controversiales, que promete desatar un fuerte debate político y jurídico en las próximas semanas. El destino de más de setenta leyes ahora dependerá de la voluntad de los legisladores.