El Gobierno habilita la ampliación de la red eléctrica con inversión privada

Mediante un decreto, la administración nacional puso en marcha un régimen de concesión de obra para expandir la transmisión de energía con capitales privados. El plan incluye 16 obras prioritarias, comenzando por un proyecto clave en el AMBA, y busca mitigar riesgos de cortes sin usar fondos públicos.

El Poder Ejecutivo Nacional concretó este lunes un paso clave para impulsar la expansión de la infraestructura eléctrica del país. A través del Decreto 921/2025, publicado en el Boletín Oficial, se habilitó la ejecución de obras consideradas prioritarias bajo el régimen de concesión de obra con participación de inversión privada. Esta medida, que había sido anticipada para enero, marca el inicio formal de un proceso destinado a reforzar el sistema de transporte de energía a nivel nacional.

La Secretaría de Energía ya definió un listado de 16 obras prioritarias y estableció el orden para los llamados a concurso. La primera licitación será para el proyecto denominado AMBA I, que contempla más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión destinadas a reforzar el sistema en el Área Metropolitana de Buenos Aires, zona que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica de Argentina.

Corredores estratégicos para la generación

Las siguientes obras en la agenda incluyen dos corredores troncales de vital importancia. Uno es la línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, diseñada para permitir la evacuación de una mayor generación de energía, tanto renovable como convencional, que se instale en las regiones de Cuyo y el Comahue. El otro proyecto es la línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará significativamente la conexión eléctrica entre la Patagonia y el sistema troncal nacional.

Según explicó la Secretaría de Energía en un comunicado, el objetivo central de este plan de expansión es “mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales” que actualmente limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los grandes centros de consumo.

Mecanismo de financiamiento y recuperación

El decreto establece que las obras se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, enmarcadas en la Ley de Concesión de Obra. Este modelo implica que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin que el Estado deba comprometer recursos fiscales directos para la construcción. La inversión realizada por las empresas concesionarias se recuperará una vez que las obras estén operativas, a través de un ingreso tarifario que pagarán los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista que se beneficien con la nueva infraestructura.

“Este esquema garantiza previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”, agregó el comunicado oficial. La norma delega en la Secretaría de Energía la ejecución de todo el proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación final de los contratos. El Ministerio de Economía ejercerá el rol de autoridad de aplicación y control.

Contexto de desinversión estatal

Esta iniciativa se enmarca en una política más amplia del Gobierno de retirar participación estatal del mercado eléctrico. La semana pasada, mediante la Resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, se lanzó el proceso para la privatización de las acciones del Estado en la transportista Transener. Esta operación podría reportar al fisco un ingreso superior a los 200 millones de dólares durante el primer semestre de 2026.

El “Concurso Público Nacional e Internacional” para Transener tiene como fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de marzo de 2026, las cuales se recibirán a través de la plataforma digital Contrat.Ar. Posteriormente, se abrirá un período para el análisis de las propuestas técnicas y económicas, siguiendo una metodología similar a la utilizada en recientes concesiones de rutas nacionales y represas hidroeléctricas.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que, con estas medidas, se avanza en la normalización del sector, se crean condiciones para destrabar inversiones postergadas y se fortalece un sistema de transporte clave para la seguridad energética y el desarrollo productivo de todas las regiones del país.