El Gobierno habilita la ampliación de la red eléctrica con inversión privada

Mediante un decreto, la administración nacional puso en marcha un régimen de concesión de obra para expandir la transmisión de energía con capitales privados. El plan incluye 16 obras prioritarias, comenzando por un proyecto clave en el AMBA.

El Poder Ejecutivo Nacional concretó este lunes un paso clave para impulsar la expansión de la infraestructura eléctrica del país sin utilizar fondos públicos. A través del Decreto 921/2025, publicado en el Boletín Oficial, se habilitó la ejecución de obras consideradas prioritarias mediante el mecanismo de concesión de obra, que involucra la participación de inversores privados. Esta medida, que había sido anticipada para enero, busca acelerar proyectos de transporte de energía que el Gobierno considera urgentes para la seguridad del sistema.

La Secretaría de Energía ya definió un listado de 16 obras que serán licitadas en un orden específico. La primera en ser convocada será el proyecto denominado AMBA I, que contempla la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión. Esta obra está destinada a reforzar el suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una zona que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica total de la Argentina.

Corredores estratégicos para la energía

Tras la licitación del AMBA I, el cronograma continuará con otros corredores de alta tensión considerados estratégicos. Uno de ellos es la línea de 500 kV que unirá Río Diamante, Charlone y O’Higgins. Este trazado facilitará la evacuación de una mayor cantidad de energía, tanto renovable como convencional, que se genere en las regiones de Cuyo y Comahue hacia los centros de consumo.

Otro proyecto prioritario es la línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca. Su objetivo principal es mejorar y robustecer la conexión eléctrica entre la Patagonia y el sistema troncal nacional, resolviendo un cuello de botella histórico en el transporte de energía desde el sur del país.

Según explicó la Secretaría de Energía en un comunicado oficial, el plan de expansión tiene como meta central “mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.

El mecanismo de financiación y recupero

El decreto establece que las obras se licitarán a través de procesos públicos, tanto nacionales como internacionales, bajo el marco legal de la Ley de Concesión de Obra. En este esquema, “el sector privado construye, opera y mantiene la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”, detalló la cartera energética.

La inversión realizada por las empresas concesionarias se recuperará una vez que las obras entren en operación. El mecanismo de repago consiste en un ingreso tarifario que será abonado por los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se beneficien directamente con la nueva infraestructura de transporte.

La norma delega en la Secretaría de Energía la responsabilidad total de ejecutar el proceso licitatorio. Esto incluye la aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitación, la evaluación de las ofertas presentadas y la posterior adjudicación de los contratos. El Ministerio de Economía, por su parte, ejercerá el rol de autoridad de aplicación y control del régimen.

Un paso más en la retirada del Estado del sector

Esta iniciativa se enmarca en una política más amplia del Gobierno de retirar al Estado de la operatoria directa del mercado eléctrico. La semana pasada, mediante la Resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, se lanzó oficialmente el proceso para privatizar las acciones que el Estado nacional posee en Transener, la principal transportista de energía eléctrica de alta tensión del país.

Se estima que la venta de esta participación accionaria podría reportar ingresos superiores a los 200 millones de dólares durante el primer semestre del año 2026. El “Concurso Público Nacional e Internacional” para Transener establece como fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de marzo de 2026, las cuales deberán canalizarse a través de la plataforma digital Contrat.Ar. Posteriormente, se abrirá un período para el análisis exhaustivo de las propuestas técnicas y económicas recibidas, siguiendo un procedimiento similar al utilizado en recientes concesiones de rutas nacionales y centrales hidroeléctricas.

Desde la Secretaría de Energía afirmaron que, con estas medidas, “el Gobierno avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.