El Gobierno frena los cambios a Inocencia Fiscal por el escándalo Adorni
El Gobierno ya tiene listos los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, pero frena su envío al Congreso por el caso Adorni. ¿Qué pasará con el proyecto?
El proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal ya está terminado, pero el Gobierno decidió postergar su envío al Congreso. La razón: el impacto político del caso Manuel Adorni y la tensión con los aliados. En la Casa Rosada priorizan las iniciativas que ya están en el Parlamento.
La reforma, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, fue remitida a la mesa política de Nación, el órgano interno que define prioridades y estrategias legislativas. Allí se decidió que, por ahora, no se abrirá un nuevo frente de debate.
¿Por qué el Gobierno frena el proyecto?
En Balcarce 50 aseguran que el texto está cerrado, pero el contexto político lo vuelve inconveniente. La crisis desatada por la investigación patrimonial de Adorni y su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias —junto a su esposa Bettina Angeletti— complica la agenda. Aunque desde el Gobierno aclaran que ese trámite no fue un blanqueo, admiten que el cruce con la reforma vuelve más sensible el envío.
El oficialismo busca evitar que cualquier modificación sea interpretada como una norma a medida del jefe de Gabinete. Por eso, la prioridad ahora es sacar adelante los proyectos que ya están en el Congreso: el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros.
¿Qué cambios incluye la reforma de Inocencia Fiscal?
El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias para dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios discutidos con especialistas se destacan:
Eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes. Ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”. Más instancias de rectificación antes de perder beneficios. Límites al uso de presunciones por parte de ARCA. Nuevas reglas de bancarización para las operaciones.
El objetivo técnico es reducir el temor a que quienes ingresen al régimen queden expuestos a fiscalizaciones amplias por errores formales o inconsistencias menores. En Economía sostienen que, si el contribuyente cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto.
La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas, como condonaciones o mecanismos de regularización para quienes adhieran al régimen y cumplan ciertas condiciones.
El caso Adorni condiciona el calendario
El escándalo impactó directamente en la agenda legislativa. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con posibilidad de interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno teme que la oposición use el recinto para instalar pedidos contra Adorni.
“Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación. La misma lógica alcanza a otros proyectos como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación, que seguirán en carpeta hasta que haya una ventana política más ordenada.
Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prefiere esperar. La mesa política deberá definir cuándo reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada por la crisis del jefe de Gabinete.
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