El gobierno festeja un número clave, pero los expertos advierten sobre lo que nadie cuenta

Mientras el Presidente celebra un resultado fiscal histórico, los datos ocultos revelan una situación mucho más compleja y riesgosa para la economía. La publicación del superávit primario de marzo, por $930.000 millones, fue presentada como un triunfo en medio de la lucha antiinflacionaria, pero análisis internos y críticos exponen grietas preocupantes en las finanzas públicas.

Javier Milei utilizó la frase “El ancla fiscal no se negocia” para marcar su postura inflexible, rechazando consejos de economistas que sugieren una relajación fiscal para impulsar el crecimiento. Este anuncio llegó justo después de conocerse un IPC de marzo del 3,4%, en uno de los peores momentos de la batalla contra la inflación.

Sin embargo, el ministro de Economía, Toto Caputo, mostró cautela en su comunicación. Aunque destacó una reducción real del 5% en el gasto durante el primer trimestre, admitió las dificultades para continuar con recortes profundos, ya que los ingresos tributarios llevan ocho meses consecutivos de caída real.

¿Qué riesgos acechan tras el superávit?

Uno de los principales problemas es el gasto en jubilaciones y pensiones, que representa casi la mitad del presupuesto total. En marzo, este rubro recibió un aumento nominal del 2,9%, basado en el IPC de enero, lo que significa que en los próximos meses seguirá creciendo por encima de la inflación y probablemente por encima de los ingresos tributarios.

Además, existen desembolsos pendientes que podrían cambiar radicalmente el panorama fiscal. Por ejemplo, el pago de la ley de financiamiento universitario, cuya legitimidad fue confirmada por un fallo judicial, requeriría desembolsar el triple del superávit primario obtenido en marzo. Economistas críticos sostienen que, si se aplicaran estos pagos, el resultado fiscal ya estaría en terreno negativo.

La otra cara de la moneda: ingresos en picada

Mientras se debate sobre el gasto, los ingresos fiscales muestran señales alarmantes. La recaudación del IVA, directamente ligada a la actividad comercial e industrial, evoluciona por debajo de la inflación desde hace varios meses, contradiciendo el discurso oficial sobre un aumento en el consumo.

Los ingresos a la Anses también confirman un enfriamiento económico. Tanto los aportes personales de los asalariados como las contribuciones patronales al sistema de seguridad social cayeron en términos reales, con una disminución del 2,8% en marzo respecto al año pasado. Esta tendencia coincide con el empeoramiento en las cifras de empleo publicadas por el Indec.

¿Qué revelan los informes alternativos?

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que utiliza la metodología de “base caja”, ya midió para marzo un resultado primario deficitario por $700.000 millones. Aunque su reporte no coincide exactamente con el de la secretaría de Hacienda, al relevar solo la administración central, suele considerarse un predictor de la tendencia fiscal general.

Otro factor preocupante es la “deuda flotante”, es decir, el gasto devengado pero aún no pagado. Esta situación, sumada a los desembolsos judiciales pendientes, pone en duda la sostenibilidad del superávit anunciado.

¿Y ahora qué viene?

La corrección a la baja por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) agrega más incertidumbre. La meta de superávit fiscal comprometida con el organismo bajó al 1,4% del PBI, desde el 2,2% previsto en octubre. Si a esto se suma una corrección a la baja en el volumen de la economía, el recorte en el monto real del saldo fiscal será mucho mayor.

En términos concretos, el FMI estimó originalmente un superávit fiscal primario de u$s15.600 millones para 2026, pero tras la revisión, la proyección cayó a u$s9,9 millones. Esto representa una reducción real del 36% respecto a la perspectiva original, una situación que contrasta marcadamente con el mensaje triunfalista del gobierno.

La tendencia no es promisoria: mientras los gastos se vuelven cada vez más difíciles de recortar, los ingresos muestran escaso empuje. La combinación de jubilaciones indexadas por encima de la inflación, desembolsos judiciales pendientes y caída en la recaudación plantea un escenario complejo para los próximos meses.