El Gobierno envió un paquete de leyes al Congreso: una de ellas busca algo que nunca se reguló en Argentina

El Poder Ejecutivo presentó este martes un conjunto de cuatro proyectos para ser tratados en el Congreso. Además del “Súper RIGI”, la Ley de Ludopatía y la eliminación de los sellos en alimentos, se incluyó una iniciativa destinada a regular el lobby en Argentina: la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses.

Según el documento enviado a la Cámara de Diputados, el objetivo es “establecer los requisitos y procedimientos que rigen las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas o procesos decisorios en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”. Esto abarca la elaboración de leyes, políticas públicas, contrataciones y designaciones.

“Este proyecto es una clara herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”, señala el escrito firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro del Interior Diego Sanitilli.

¿Qué propone la Ley de Lobby?

La iniciativa busca crear dos registros públicos: el de Gestores de Intereses y el de Gestión de Intereses. El primero obliga a identificar y habilitar a toda persona humana o jurídica que realice gestiones ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. El segundo deja constancia de los contactos específicos entre funcionarios y gestores.

Los gestores deberán presentar reportes trimestrales obligatorios. Se hace especial hincapié en la intervención de intereses extranjeros: si un gestor representa a otro gobierno o a un partido de otro Estado, deberá declararlo específicamente.

Sanciones: desde multas hasta prisión

El proyecto establece sanciones administrativas y penales para quienes incumplan. Para los gestores, las multas van desde el pago de cinco salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva. Las penas penales varían entre 6 meses y 3 años de prisión. Para los funcionarios públicos, el incumplimiento se considera una falta grave que puede activar mecanismos de remoción o juicio político, además de posibles imputaciones por cohecho.

El modelo de Estados Unidos como referencia

El Gobierno tomó como ejemplo la ley estadounidense “Lobbying Disclosure Act” (1995) y su reforma “Honest Leadership and Open Government Act” (2007). Al igual que el proyecto argentino, exige informes trimestrales por plataforma virtual. Sin embargo, hay diferencias clave: en Argentina, la inscripción en el registro es previa y obligatoria, mientras que en EE.UU. se permite hasta 45 días después del primer contacto. Además, el proyecto argentino abarca actividades onerosas y gratuitas, con o sin fines de lucro, mientras que la ley estadounidense se centra en el lobby por compensación financiera.

Otros países con regulaciones similares son Francia, Canadá y Chile.

El texto del proyecto sostiene: “La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado nacional y en la equidad de los procesos decisorios”.

La confianza en el Gobierno de Milei es un aspecto crítico. Según el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, publicado el lunes, el valor se ubicó en 1,99 puntos (en escala del 0 al 5), lo que representa una caída del 1,6% respecto a abril y el quinto mes consecutivo de descenso. El promedio de la gestión descendió a 2,41 puntos, el registro más bajo hasta la fecha.