El Gobierno dio marcha atrás en tres grandes proyectos: el motivo que mantuvo en vilo a la provincia
Una medida inesperada del Ejecutivo provincial dejó sin efecto proyectos que prometían grandes cambios. ¿Qué llevó a dar este paso y cuánto dinero se logró salvar de una sentencia judicial?
Una decisión que evitó un desembolso de miles de millones de pesos fue anunciada desde la Casa de Gobierno. El gobernador Osvaldo Jaldo comunicó que la Provincia desistió de expropiar tres inmuebles donde se proyectaban obras públicas, ante la falta de financiamiento y el riesgo de condenas judiciales millonarias para el Estado. La medida busca proteger el patrimonio provincial y los servicios esenciales.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario estuvo acompañado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, quien explicó los aspectos legales y económicos. También estuvieron presentes varios ministros y secretarios del gabinete provincial.
Jaldo dejó clara la postura de su gestión desde el inicio. “Desde el primer día que nos hicimos cargo, hemos dejado muy clara nuestra posición. Primero, en cuanto al respeto por la propiedad privada en la provincia de Tucumán, algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial. Por otro lado, vamos a hacer respetar el cien por cien el patrimonio de la provincia”, afirmó.
¿Qué obras quedaron sin financiamiento?
El Gobernador detalló que las obras previstas en los tres inmuebles no cuentan con respaldo económico. Se trata del Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional de 700 viviendas.
“No están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”, señaló Jaldo, contextualizando la decisión dentro de un proceso más amplio de recuperación de tierras públicas.
Precisó que el 29 de octubre de 2023 se inició un proceso de recuperación de tierras del Estado que estaban en posesión de personas que no podían justificar su tenencia. “En dos años hemos recuperado casi 1.000 hectáreas que pertenecen a los tucumanos y que tendrán una planificación para su utilización”, agregó.
El riesgo millonario que se evitó
El mandatario explicó que las expropiaciones heredadas de gestiones anteriores derivaron en litigios judiciales con altos costos potenciales. “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia. Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”, afirmó.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, detalló la magnitud del riesgo financiero. “Las constancias judiciales indican que la Provincia debía afrontar una suma de 5.268 millones de pesos por tres inmuebles sin financiamiento para las obras previstas”, sostuvo.
Jaldo informó el impacto económico concreto de la decisión de desistir. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos. En momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”, expresó.
¿Qué significa “desistir” de una expropiación?
La fiscal Pedicone de Valls explicó el alcance legal de la medida adoptada. “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado. Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos”, señaló.
La funcionaria remarcó que la política de expropiaciones de la actual gestión siempre se vinculó con obras financiadas. “Desde que asumió el gobierno del contador Jaldo, la decisión de expropiar ha sido muy justificada: hay obra, hay financiamiento y hay posibilidad de hacerla. No antes”, indicó.
La decisión permitió evitar condenas inminentes y recuperar recursos provinciales, en línea con una estrategia de administración responsable del presupuesto público y priorización de servicios esenciales para la población.
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