El Gobierno dio marcha atrás con tres expropiaciones millonarias: el motivo que dejó al descubierto una bomba de tiempo judicial

Una decisión estratégica del Gobierno provincial evitó una condena superior a los 5.000 millones de pesos. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció el desistimiento de tres expropiaciones heredadas, ante la falta de financiamiento para las obras proyectadas y el riesgo inminente de embargos que hubieran afectado servicios esenciales.

La medida se comunicó en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, donde el mandatario estuvo acompañado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. Jaldo enmarcó la decisión en la defensa de la propiedad privada y del patrimonio provincial, principios que ha sostenido desde el inicio de su gestión.

“Desde el primer día que nos hicimos cargo, hemos dejado muy clara nuestra posición. Primero, en cuanto al respeto por la propiedad privada en la provincia de Tucumán, algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial. Por otro lado, vamos a hacer respetar el cien por cien el patrimonio de la provincia”, afirmó el Gobernador.

¿Qué obras quedaron sin financiamiento?

Las expropiaciones desistidas correspondían a tres grandes proyectos que carecían de respaldo económico. Se trataba del Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional de 700 viviendas.

“No están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”, explicó Jaldo, dejando en claro que la falta de recursos fue determinante.

La bomba de tiempo judicial que lograron desactivar

¿Qué hubiera pasado si no tomaban esta decisión? Las expropiaciones del pasado se habían convertido en juicios contra la Provincia con un altísimo costo potencial. “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia. Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”, detalló el mandatario.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, precisó la cifra concreta del peligro: “Las constancias judiciales indican que la Provincia debía afrontar una suma de 5.268 millones de pesos por tres inmuebles sin financiamiento para las obras previstas”.

El impacto económico de una movida anticipada

Al desistir de las expropiaciones antes de la condena, el Gobierno logró un doble objetivo. Por un lado, evitó una condena superior a los 5.000 millones de pesos. Por otro, recuperará cerca de 2.000 millones de pesos que habían sido depositados.

“Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos”, destacó Jaldo. “La Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos. En momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”, agregó.

Pedicone de Valls explicó el mecanismo legal: “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado. Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos”.

Una política con reglas claras para el futuro

La fiscal de Estado dejó establecido el nuevo criterio que regirá las futuras expropiaciones. “Desde que asumió el gobierno del contador Jaldo, la decisión de expropiar ha sido muy justificada: hay obra, hay financiamiento y hay posibilidad de hacerla. No antes”, indicó.

Esta postura marca un cambio respecto a gestiones anteriores y busca evitar que se repitan situaciones donde se inician procesos de expropiación sin tener asegurados los recursos para ejecutar las obras públicas planificadas.

El anuncio contó con la presencia de gran parte del gabinete provincial, incluyendo a los ministros de Economía y Producción, Gobierno y Justicia, Interior, Obras, Infraestructura y Transporte Público, Salud Pública, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, además de otros funcionarios de alto rango, lo que demuestra la importancia transversal que se le dio a esta decisión.