El Gobierno de Tucumán negocia un respiro clave para el pago de un multimillonario préstamo

La provincia busca frenar el primer gran vencimiento de un crédito de $80.000 millones y ya tiene una propuesta del banco, pero con una condición que genera costos extras. A través de un decreto publicado oficialmente, la administración de Osvaldo Jaldo avanza en gestiones para postergar por seis meses el inicio del pago del capital, una jugada financiera crucial ante la cercanía de la fecha límite.

La iniciativa quedó formalizada mediante el decreto 310/3 del Ministerio de Economía y Producción, firmado en febrero. El texto legal revela que las negociaciones se activaron ante la inminencia del primer vencimiento del capital del préstamo, cuya amortización estaba originalmente programada para abril del año próximo.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial elevó una solicitud formal al Banco Macro, entidad que otorgó el masivo financiamiento en junio de 2025. El pedido concreto fue una prórroga de medio año para comenzar a devolver el monto principal.

¿Qué propuso el banco como contrapartida?

La respuesta de la entidad financiera no se hizo esperar. El Banco Macro planteó una modificación contractual a través de una addenda al acuerdo original de préstamo. Esta propuesta busca readecuar el cronograma de amortización del capital, manteniendo inalterables el monto total del crédito y la fecha final de cancelación.

Según los términos detallados en el decreto, el nuevo esquema preservaría intactas todas las condiciones pactadas inicialmente. Esto incluye la tasa de interés aplicable y el método de cálculo, lo que, en teoría, no encarecería la deuda en sí misma.

Sin embargo, la reformulación del contrato trae aparejado un costo adicional. La propuesta incluye la aplicación de una comisión de reestructuración de deuda equivalente al 1% más IVA, calculada sobre el capital cuyo pago se termine difiriendo.

Un costo extra para la provincia

Desde el Ejecutivo tucumano salieron a aclarar el alcance de este cargo. Argumentaron que esta comisión no implica un aumento del endeudamiento autorizado por la Legislatura, ni modifica las condiciones financieras básicas del préstamo.

En su visión, se trata simplemente de un “costo puntual” asociado a los servicios bancarios vinculados específicamente a la tarea de reprogramar los pagos. Es el precio por obtener el período de gracia solicitado.

Con esta negociación en marcha, el decreto otorga facultades específicas al ministro de Economía, Daniel Abad. Su misión será realizar todas las gestiones necesarias ante el Gobierno nacional para obtener una autorización clave.

Esa autorización es el permiso formal para extender por seis meses el período de gracia para el pago del capital del préstamo. Sin la venia de Nación, la operación no podría concretarse.

La normativa también habilita al titular de la cartera económica a suscribir toda la documentación requerida para hacer efectiva la modificación del contrato. Esto incluye la formalización del nuevo esquema de pagos acordado con el Banco Macro, cerrando así el círculo de esta compleja operatoria financiera.