El Gobierno de Tucumán lanza un proyecto que busca revolucionar la inclusión educativa

El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone un cambio de paradigma en la educación inclusiva. La iniciativa busca terminar con la angustia de las familias que hoy deben gestionar y costear por su cuenta el acompañamiento escolar para sus hijos con discapacidad.

Firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo, el proyecto es el primero presentado en el año 2026, apenas iniciado el período de sesiones ordinarias. Su objetivo central es crear un nuevo marco normativo que garantice una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes con discapacidad dentro del sistema educativo tucumano.

La propuesta plantea reorganizar por completo el servicio de inclusión educativa. Uno de sus pilares es incorporar a los docentes de apoyo a la inclusión como parte estable del plantel de las escuelas de educación obligatoria, dejando sin efecto la actual Ley 9.575 que rige el sistema.

¿Por qué cambiar el modelo actual?

Los fundamentos del proyecto son críticos con el esquema vigente. Advierten que el modelo basado en la demanda individual de un docente de apoyo por alumno puede derivar en una mirada excesivamente médica de las trayectorias educativas.

Según la iniciativa, esta relación rígida y el predominio de diagnósticos clínicos en las decisiones pedagógicas conllevan el riesgo de “patologizar” las infancias y adolescencias. El documento recoge aportes de especialistas como Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, quienes en su libro “Las promesas incumplidas de la inclusión” analizan este fenómeno.

Allí se plantea que, ante la falta de respuestas institucionales, muchas familias terminan asumiendo individualmente la búsqueda de soluciones. Esto genera un proceso donde cada niño recibe un diagnóstico médico y se contrata personal externo, cuyos profesionales ingresan a las aulas sin formar parte de un proyecto pedagógico integrado.

Un nuevo rol para el docente de apoyo

El proyecto reconoce el valor del docente de apoyo, pero advierte sobre los límites de su figura actual. Se cuestiona el modelo del “docente sombra”, que acompaña de manera permanente durante toda la jornada escolar, ya que podría limitar el desarrollo de la autonomía del estudiante.

Por ello, la iniciativa propone que el acompañamiento sea una estrategia temporal. Su objetivo sería fortalecer habilidades sociales y académicas específicas que permitan una futura inserción educativa y laboral del alumno de manera independiente.

El nuevo esquema prevé que cada institución educativa cuente con un docente de apoyo a la inclusión dentro de su plantel. Este profesional intervendría en las situaciones que lo requieran, trabajando de manera coordinada con el equipo técnico de la escuela y regulando su intervención según las necesidades particulares de cada estudiante.

El trabajo se plantea como integral e interdisciplinario, articulado entre docentes de grado, docentes de educación especial y los equipos técnicos, para favorecer el acceso al conocimiento y promover la autonomía.

El fin de los trámites y gastos familiares

Uno de los objetivos centrales que remarcó el Ejecutivo es aliviar la carga administrativa y económica de las familias. De aprobarse la ley, el sistema educativo provincial asumiría directamente la responsabilidad de brindar el servicio de inclusión de manera automática y gratuita.

Esto significa que las familias no deberían realizar trámites administrativos complejos, contratar profesionales por su cuenta, recurrir a procesos judiciales ni afrontar gastos particulares para garantizar el derecho a la educación inclusiva de sus hijos. El Estado provincial se haría cargo de forma integral.

El proyecto de ley ingresó a la Legislatura y ahora deberá ser tratado por las comisiones correspondientes y por el pleno de la Cámara para convertirse en ley, marcando un posible punto de inflexión en las políticas de inclusión educativa en Tucumán.