El Gobierno borró un nombre histórico de las represas y lo que hizo después dejó en jaque a una empresa estatal

El Gobierno nacional eliminó las denominaciones políticas de dos represas clave y despojó a una empresa estatal de su control, en una jugada que busca despolitizar y centralizar la gestión de una obra valuada en u$s4.700 millones. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, las represas sobre el río Santa Cruz recuperaron sus nombres originales y pasaron a depender directamente de un organismo técnico, marcando un giro radical en la administración de este complejo hidroeléctrico paralizado.

El Decreto 238 estableció la restitución de los nombres “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa” para las represas que antes se llamaban “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”. Los fundamentos de la norma apuntan a simplificar la identificación basándose en criterios técnicos y geográficos, retomando la nomenclatura histórica del proyecto desde su concepción.

¿Qué cambia en la gestión de las obras?

La medida no se limita a un cambio simbólico. El Poder Ejecutivo decidió retirar el control de los contratos y la gestión de las obras de la órbita de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), trasladando estas responsabilidades de manera directa a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

Este organismo, bajo la dependencia de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, asumirá todas las facultades y obligaciones vinculadas al desarrollo del proyecto. Será el encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública y de coordinar con el consorcio empresario que tiene a su cargo la construcción.

¿Cómo afecta esto a la continuidad del proyecto?

En el marco de esta transición, se instruyó a la Secretaría de Energía a trabajar en conjunto con ENARSA para asegurar un traspaso ordenado de las funciones. La intención oficial es que el cambio de titularidad del proyecto no afecte la continuidad administrativa ni los compromisos internacionales asumidos con las empresas chinas que financian el emprendimiento.

La normativa resalta que el costo total de las obras se estima en aproximadamente u$s4.700 millones, financiados mediante acuerdos de crédito con entidades bancarias de la República Popular China. La resolución también dispone que se notifique formalmente a las empresas que integran el consorcio -China Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A.- sobre el nuevo esquema de gestión.

¿Qué pasa con las obras paralizadas?

El complejo hidroeléctrico, con una potencia instalada proyectada de 1.310 megavatios, es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas en materia hidroeléctrica en la Argentina. Sin embargo, los trabajos se encuentran paralizados desde fines de 2023, y este reordenamiento administrativo se percibe como un paso previo necesario para intentar la reactivación del cronograma de tareas.

La reactivación comenzó a tomar forma tras la firma de la Adenda XII, un paso administrativo y financiero fundamental para garantizar la continuidad del financiamiento chino. Este acuerdo permitió destrabar el flujo de fondos provenientes del consorcio de bancos asiáticos, asegurando los recursos necesarios para cubrir los certificados de obra pendientes y los costos operativos de mantenimiento que demandó el período de parálisis.

¿Cómo se prepara la vuelta a la actividad?

En el plano operativo, el foco inicial de la normalización se centró en la reincorporación de los trabajadores y la readecuación de los campamentos en la zona del río Santa Cruz. El Gobierno nacional, la provincia y las empresas constructoras establecieron un cronograma de reactivación gradual que priorizó las tareas de seguridad en los frentes de excavación y el mantenimiento de las máquinas tuneladoras.

En cuanto al despliegue de personal, el proyecto alcanzó picos de ocupación superiores a los 3.000 operarios en sus momentos de mayor actividad, una masa laboral cuya estabilidad depende hoy del ritmo de desembolsos y la reactivación plena. En este contexto, la provincia de Santa Cruz mantiene una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de la Ley 3.141, que impone la obligatoriedad de contratar un 70% de mano de obra local.

¿Qué más pierde ENARSA?

Complementariamente a la decisión de desplazar a ENARSA de la construcción de las represas, el Gobierno nacional avanza en su plan de desregulación con la transferencia al sector privado de la gestión, importación y comercialización local del gas natural licuado (GNL).

Esta decisión, que busca reducir la intervención estatal en el mercado energético, se definirá mediante una licitación internacional que ya cuenta con dos oferentes de peso como Trafigura y Naturgy. Con este proceso, la administración central profundiza el recorte de facultades de la compañía estatal, delegando en manos de privados la logística y el suministro de un insumo crítico en el invierno.

¿Hacia dónde va la empresa estatal?

El proceso de privatización de ENARSA se enmarca en un plan de reforma del Estado que busca desprenderse de activos estratégicos considerados deficitarios o ineficientes bajo la gestión pública. Según los lineamientos del Ministerio de Economía, la compañía fue incluida en el listado de empresas sujetas a privatización total o parcial, iniciando una etapa de auditorías y saneamiento de pasivos.

Esta hoja de ruta pretende desmantelar la estructura burocrática de la firma y transferir sus unidades de negocio, desde la infraestructura y la gestión de combustibles, a esquemas de competencia privada en la Argentina, hasta los activos más atractivos de la compañía que son sus centrales termoeléctricas.

Actualmente, el núcleo de la generación térmica de ENARSA se concentra en dos activos estratégicos que el Gobierno busca privatizar. Se trata de las plantas, operadas bajo esquemas de fideicomiso y con participación de generadores privados, Central Térmica José de San Martín: Ubicada en la localidad de Timbúes, Santa Fe, y Central Térmica Manuel Belgrano, emplazada en Campana, Buenos Aires.

Entre ambas usinas, la compañía estatal controla aproximadamente el 8% de la capacidad de generación eléctrica de la Argentina. En procesos previos de reordenamiento, ENARSA se desprendió de otras centrales como Ensenada de Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), las cuales pasaron a manos de operadores privados como Pampa Energía y Central Puerto.