El Gobierno avanza con un decreto clave para la reforma laboral mientras enfrenta múltiples amparos judiciales

El Ejecutivo nacional ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el 27 de febrero, y apunta a oficializarlo en abril. Esta decisión se toma en medio de presentaciones judiciales que frenaron parte de su aplicación, pero desde el oficialismo aseguran que no van a “morigerar” ninguna de las partes de la reforma por efecto de esos amparos.

La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La hoja de ruta oficial busca concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. “La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, agregaron fuentes oficiales.

¿Cómo funciona el circuito de reglamentación?

El proceso abarca a Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA no es secundaria, ya que la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social.

Mientras que el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la reglamentación para definir sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia, el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa de registración. Además, el artículo 92 ter prevé que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial se determinen reglamentariamente.

¿Qué puntos están bajo mayor seguimiento?

Uno de los aspectos más vigilados es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el oficialismo admiten que la reglamentación de ese esquema está entre las prioridades y que también se analiza que pueda direccionarse a colocaciones del Tesoro, como a otras opciones de inversión.

El Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario de la reforma laboral funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En la mayoría de los despachos oficiales descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema.

La aceleración del decreto se da, además, en paralelo a la estrategia más amplia del Gobierno sobre el mapa judicial laboral. Nación no quiere dejar caer tampoco el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo consideran que esa arquitectura también forma parte del blindaje institucional con el que buscan ordenar la disputa judicial sobre la reforma.

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