El Gobierno aprieta a Fate: sanciones por no pagar sueldos y una prórroga clave en el conflicto

El Ministerio de Capital Humano confirmó que inició un sumario y aplicará una multa a la empresa Fate por no haber abonado los salarios durante la conciliación obligatoria. La medida llega tras verificar el incumplimiento en el pago de la segunda quincena de febrero, una violación a la normativa laboral que ahora tiene consecuencias económicas directas para la compañía.

Paralelamente, la Secretaría de Trabajo resolvió prorrogar la instancia de conciliación por cinco días más, con vencimiento el 11 de marzo de 2026. El objetivo declarado es mantener abierto el diálogo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) para buscar una salida al conflicto que ya lleva semanas.

¿Cuánto podría pagar Fate por la multa?

Las sanciones por este tipo de infracciones están claramente tipificadas. Según el régimen general ratificado por la Ley 25.212, las multas pueden oscilar entre el 50% y el 2.000% del valor del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

El monto final que deberá desembolsar la empresa se determinará en función de la fecha en que se constató el incumplimiento y de la gravedad específica de la infracción cometida contra la conciliación obligatoria.

El trasfondo: una fábrica cerrada y 900 puestos en juego

La tensión se agravó considerablemente luego de que Fate decidiera el cierre de su única planta productiva el pasado 18 de febrero. Esta medida impactó de lleno en la situación laboral de aproximadamente 900 trabajadores.

Mientras el SUTNA exige el reinicio de la producción y el pago íntegro de los salarios, las negociaciones continúan bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano. Desde la cartera remarcaron que la prórroga busca “preservar el diálogo, evitar una mayor escalada y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales”.

En un movimiento político paralelo, el sindicato está impulsando en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública” la producción de la fábrica de Fate. Esta figura jurídica podría habilitar una eventual intervención temporal por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para garantizar la continuidad de la actividad.

Las autoridades nacionales fueron contundentes al afirmar que la sanción a la empresa tiene un propósito claro: resguardar el interés general y hacer cumplir la ley laboral vigente, en un conflicto que ya trasciende lo meramente gremial para instalarse en el terreno de la política industrial.