El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de AySA y apuntó contra la Defensoría bonaerense

El Ejecutivo nacional presentó un recurso para dejar sin efecto la medida cautelar que paralizó el proceso de venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y cuestionó duramente la legitimidad de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para intervenir en el caso.

La apelación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que el expediente debe ser revisado por un fuero federal y no provincial, ya que la empresa estatal opera bajo jurisdicción nacional. Desde el Gobierno remarcan que la Defensoría bonaerense no tiene competencia para frenar decisiones que afectan a una compañía de alcance federal.

¿Qué argumentos esgrime el oficialismo?

AySA, en su presentación, recordó que la Corte Suprema ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la falta de legitimación de las defensorías provinciales para interferir en asuntos federales. Además, la empresa calificó la cautelar de “infundada” y señaló que se basa en “hipótesis y riesgos potenciales” sin sustento técnico ni científico.

“El fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen paralizar el proceso”, indicaron fuentes oficiales. La medida había sido dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

¿Qué riesgos advertía la Defensoría?

El organismo provincial había alertado sobre posibles consecuencias de la privatización en el acceso al agua potable, la expansión de redes, las obras de saneamiento y la protección ambiental. Sin embargo, desde el Gobierno rechazan la idea de una “regresividad ambiental” y defienden el nuevo esquema como una “modernización estratégica” del servicio.

AySA argumenta que el régimen normativo fortalece los instrumentos regulatorios para garantizar una prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento. La empresa asegura que el servicio está sometido a controles permanentes por parte de los organismos reguladores competentes, y que no existen observaciones que respalden los riesgos invocados.

El plan de privatización en detalle

El fallo había representado un obstáculo para una de las privatizaciones más ambiciosas del Gobierno. El esquema oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto.

La intención de la Casa Rosada es incorporar un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento. El diseño prevé que al menos el 51% quede en manos de ese operador, y el resto pueda colocarse en el mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como parte de una agenda más amplia para transferir empresas públicas y concesiones al sector privado antes de 2027.

AySA es uno de los expedientes centrales de esa hoja de ruta, junto con Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. En Nación sostienen que las privatizaciones buscan reducir la participación estatal, mejorar eficiencia operativa, atraer inversión y mostrar resultados de gestión antes del calendario electoral.

La apelación de AySA busca destrabar el proceso y recuperar el calendario previsto por el Ministerio de Economía. En los equipos técnicos consideran que la cautelar introduce incertidumbre sobre una privatización que ya tiene plazos formales y que forma parte del paquete de señales económicas hacia inversores. La decisión quedará ahora en manos de la Justicia Federal.