El gobernador frenó en seco una ley aprobada: el club que esperaba desde 2022 se queda sin su terreno

Una cuarta expropiación en menos de un mes fue bloqueada por el Poder Ejecutivo provincial, que utilizó un veto para frustrar la transferencia de un inmueble de 6,4 hectáreas en el departamento Lules a un club deportivo. La decisión, tomada en un contexto de ajuste fiscal, deja en el aire el futuro de una entidad que alberga a 250 jóvenes.

Mediante el decreto 734/3, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo vetó totalmente el proyecto de ley sancionado por la Legislatura el 26 de marzo. Este proyecto buscaba declarar de utilidad pública un terreno para cederlo a título gratuito a la Asociación Civil San Isidro Rugby Club.

¿Por qué se frenó la expropiación?

El veto se fundamentó en “el contexto económico actual”, que según el decreto firmado por Jaldo y refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, no torna viable el proyecto. El instrumento legal indica que se analizó la situación desde el punto de vista económico provincial, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 71º de la Constitución local.

Esta es la cuarta expropiación desactivada en menos de un mes. La semana pasada, se publicaron decretos para desistir de juicios por expropiaciones anteriores relacionadas con el Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, un complejo habitacional de 650 viviendas en Los Gutiérrez (Alderetes), y una estación transformadora en “El Espinillo” (comuna rural de El Chañar).

El origen del conflicto

La cuestión se remonta a 2022, cuando la anterior composición de la Legislatura aprobó un proyecto elevado por el entonces legislador peronista Jorge Delgadino para expropiar las tierras y cederlas al club de rugby de Lules. La ley 9.656 fue puesta en vigencia, pero al momento de efectivizarla, la Dirección de Catastro de la Provincia formuló observaciones por datos consignados erróneamente, lo que impidió avanzar.

La actual integración de la Legislatura intentó subsanar este problema mediante proyectos elevados por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Mario Leito (PJ), que recibieron apoyo en la sesión del 26 de marzo. Sin embargo, el decreto 734/3 dispuso el veto total sobre el texto remitido desde calle Muñecas al 900.

¿Qué decía el proyecto vetado?

El proyecto disponía que el inmueble se destinaría “al funcionamiento del San Isidro Rugby Club, teniendo como único fin la continuidad e incremento de las actividades deportivas y sociales”. Además, establecía que la institución “deberá ofrecer el uso de este espacio para las entidades de bien público y educativas de la zona”, y aclaraba que eventualidades como la disolución de la entidad o la desafectación del uso original podrían dar lugar a la revocación de la medida.

Según informes oficiales citados en el decreto, el dominio del terreno se encuentra inscripto en su mayor extensión en el Registro Inmobiliario Provincial a nombre de Finar SA.

La voz del club afectado

“Estamos preocupados, averiguando cómo seguimos. Tenemos 250 chicos de todas las divisiones de rugby que se entrenan y juegan aquí”, lamentó el presidente de la entidad deportiva, Celso Manzano. Recordó que el club funciona hace 24 años y que en el último tiempo se hicieron importantes inversiones para mejorar las instalaciones, desde vestuarios nuevos hasta un quincho.

“Entendemos la situación económica que atravesamos, pero también se debe ver la parte social, por todo lo que significa el club”, explicó Manzano en relación al argumento para la segunda transferencia frustrada de las tierras donde funciona San Isidro Rugby Club.

El dirigente advirtió que, si bien recibieron dos cartas documento de parte de los titulares del inmueble, el espíritu del club es “reunirnos con la otra parte y tratar de llegar a un acuerdo”. “Sería buenísimo un comodato o préstamo. Pero estamos abiertos a ver qué solución se puede encontrar”, expresó.

El contexto económico detrás de las decisiones

En conferencia de prensa, el gobernador Jaldo explicó que ninguna de las obras expropiadas anteriormente contaba con financiamiento nacional ni internacional, algo que estaba previsto cuando se las había planteado. Según estimaciones extraoficiales, sólo la ejecución del Centro Multimodal de Cargas implicaría una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

En los casos anteriores, el argumento oficial fue que los procesos judiciales estaban próximos a alcanzar una sentencia condenatoria para el Estado provincial, con desembolsos superiores a los $5.000 millones sólo por la transferencia de esos predios. En un escenario de caída de ingresos coparticipables, el Poder Ejecutivo resolvió poner freno a esos procesos e incluso buscar el recupero de los montos depositados al inicio de cada trámite, una suma que rondaría los $2.500 millones.