El giro judicial que pone en jaque la prisión de la imputada por el crimen de Érika Álvarez

Un fallo judicial reabrió la posibilidad de que Justina Gordillo, acusada de encubrir el asesinato de Érika Antonella Álvarez, salga de prisión. La decisión de una jueza, que contradijo al magistrado que había rechazado su excarcelación, ordenó una nueva audiencia para reevaluar su situación procesal. El debate, fijado para el martes próximo, se da en medio de un cruce donde la defensa presenta nuevas pruebas y la fiscalía endurece su acusación.

La audiencia clave se desarrolló tras un planteo de los defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim. Ellos cuestionaron la resolución previa del juez Bernardo L’Erario Babot, quien había denegado los pedidos de libertad o arresto domiciliario para su defendida.

Los letrados argumentaron que, con el avance de la investigación, surgieron elementos que alteraban sustancialmente la situación de la acusada. Sostuvieron que este nuevo contexto justificaba una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ella.

¿Cuáles son los nuevos argumentos de la defensa?

Entre los puntos centrales, la defensa señaló que los presuntos coautores del homicidio, que se desplazaban en un Chevrolet Corsa, serían vecinos. Según su planteo, este dato modificaría el contexto en el que se vincula a Gordillo con los hechos, debilitando la teoría del encubrimiento.

Además, presentaron una supuesta coartada basada en registros del expediente. Estos indicarían que el cuerpo de Érika Álvarez habría sido abandonado el 7 de enero a las 11.40. En ese momento preciso, Gordillo se encontraba cumpliendo con sus tareas laborales, según alegaron sus abogados.

Otro eje de la estrategia defensiva fue remarcar la falta de elementos que vinculen a la imputada con el ocultamiento de la camioneta utilizada en el crimen. Este es uno de los puntos clave que investiga la Justicia en el caso.

La jueza que dio un giro inesperado al caso

Frente a estos argumentos, el juez L’Erario Babot había mantenido su postura inicial. Consideró que las cuestiones planteadas por la defensa debían ser analizadas en un eventual juicio oral y no modificaban los fundamentos de la prisión preventiva.

Sin embargo, al revisar el caso, la jueza María Jimena Suárez adoptó una postura diametralmente opuesta. Su fallo fue a favor de lo solicitado por la defensa, a pesar de la firme oposición tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella, representada por Carlos Garmendia.

Como consecuencia directa de esta decisión, se dispuso la realización de una nueva audiencia específica para reevaluar la situación procesal de Gordillo. El debate quedó fijado para el martes próximo y podría ser determinante para su futuro.

La respuesta de la fiscalía: una acusación más grave

El escenario judicial volvió a tensarse en la antesala de esa crucial audiencia. El lunes, el fiscal Pedro Gallo decidió agravar sustancialmente la imputación en contra de Justina Gordillo.

Según la nueva hipótesis de la fiscalía, la acusada ya no habría intervenido en los hechos solo como encubridora. La nueva teoría sostiene que lo hizo con la intención de obtener un beneficio económico, tanto para ella como para su pareja en ese momento, Felipe “El Militar” Sosa.

Este endurecimiento de la acusación cambia las reglas del juego a pocas horas del debate que definirá su libertad. Introduce un elemento de móvil económico que podría influir en la decisión final del tribunal.

Así, el futuro inmediato de Gordillo queda atado a una nueva instancia judicial que promete redefinir su situación. El caso se ha convertido en uno de los más sensibles de la agenda penal tucumana, donde se cruzan planteos defensivos que buscan debilitar su rol y una acusación fiscal que no hace más que endurecerse. Todo se definirá el próximo martes.