El fiscal federal de Tucumán unifica ocho causas contra el “Petiso David” por lavado de dinero

La Justicia Federal de Tucumán armó un rompecabezas con expedientes de más de una década para investigar a Walter “Petiso David” Lobo por lavado de activos del narcotráfico. El fiscal Agustín Chit reunió ocho causas dispersas en Salta, Córdoba y la provincia, revelando un historial judicial fragmentado que ahora se analiza como un todo. El imputado, actualmente en prisión preventiva en el penal Benjamín Paz, fue notificado de la nueva acusación mientras se recuperaba de una cirugía en un sanatorio privado.

Una defensa que califica la acusación de “locura”

El defensor oficial de Lobo, Augusto Avellaneda, rechazó enérgicamente los cargos. El abogado afirmó que su asistido “nunca estuvo vinculado al narcotráfico” y sostuvo que la causa original fue “armada por policías de la Unidad Regional Norte que hoy están detenidos”. Avellaneda insistió en que ya se habría probado que la marihuana secuestrada en el domicilio de su cliente correspondía a otro procedimiento policial anterior.

La investigación federal, sin embargo, avanzó en sentido contrario. Con la colaboración de la auxiliar Julia Vitar, el fiscal Chit decidió unificar y examinar de manera integral todas las causas por drogas donde Lobo aparece mencionado desde 2012. Este trabajo de cruce de expedientes permitió reconstruir por primera vez un panorama completo de las acusaciones que pesan sobre él en distintas jurisdicciones del país.

El largo historial judicial que se remonta a 2012

El primer registro data de 2012 en Salta. Allí, un hombre detenido con cocaína señaló a “Petiso David” como comprador habitual de droga en Orán, con destino a Tucumán y Córdoba. Gendarmería Nacional corroboró la operatoria en ese expediente, determinando que Lobo utilizaba un Fiat Siena a su nombre y viviendas en Yerba Buena, Banda del Río Salí y la capital tucumana.

Entre 2015 y 2017, el Juzgado Federal de Orán acumuló al menos tres causas más. En una de ellas, Lobo fue vinculado al transporte de siete kilos de cocaína, procedimiento donde resultaron detenidos su entonces pareja, Sandra Tejerina, y otros dos hombres. Escuchas telefónicas incorporadas a la causa identificaron a Orlando “Pelado” Miranda como presunto proveedor de la droga.

Esas mismas intervenciones también arrojaron menciones a conflictos personales con otra ex pareja, María Valeria Linch. Esta mujer figura hoy bajo investigación por lavado de activos, y su intercambio telefónico fue incorporado como prueba en la megacausa que se instruye en Tucumán.

Causas en Córdoba y vínculos familiares en Tucumán

En paralelo, durante 2015 se abrieron dos causas en Córdoba. En esos expedientes, Lobo fue señalado como presunto líder de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, teniendo a Dante Astorga como socio y a Sandra Tejerina como presunta “valijera”. Años después, en 2020, la Justicia Federal de Tucumán lo investigó como posible integrante de una red de narcomenudeo encabezada por Juan José “Tato” y Jonathan “Cuchi” Tagles, familiares de su ex esposa Claudia Noemí Tagles.

El punto de inflexión llegó el 2 de octubre de este año, cuando por primera vez se hallaron estupefacientes en su vivienda. A raíz de ese allanamiento, Lobo fue procesado por tenencia de drogas con fines de comercialización y se ordenó su prisión preventiva, medida que cumple en la actualidad.

Fallas en la coordinación y un contexto de corrupción judicial

La investigación federal reveló que, a lo largo de una década, Lobo fue mencionado de manera recurrente como usuario de vehículos vinculados a operativos de tráfico de drogas. Informes de la Procuraduría de Narcotráfico, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria consignan su nombre entre 2012 y 2022 en causas relacionadas con cocaína y pasta base.

Una pregunta central que intenta responder la Fiscalía es por qué, pese a ese cúmulo de antecedentes, Lobo nunca había sido procesado de manera integral. Fuentes judiciales admiten que la falta de coordinación entre jurisdicciones y el escaso intercambio de información entre fiscales y fuerzas de seguridad permitieron que los expedientes avanzaran de forma aislada. Recién un año después de iniciada la pesquisa en Tucumán, el fiscal Chit logró reunir el conjunto de datos que hoy sustentan la nueva acusación.

El contexto de algunas de estas causas no es menor. Orán, la jurisdicción con más expedientes contra Lobo, fue escenario de graves hechos de corrupción judicial. El ex juez federal Raúl Reynoso fue condenado a 13 años de prisión por favorecer a narcotraficantes, y recientemente se confirmó el procesamiento del ex fiscal José Luis Bruno. Varias de las investigaciones que mencionan a “Petiso David” coinciden temporalmente con estos casos de corrupción.

Vínculos con el Estado y la postura del Gobierno

En paralelo, la causa incorporó indicios sobre posibles conexiones con el sector público. Según consta en la investigación, la esposa y una hija del imputado figuraban como empleadas públicas, aunque el expediente no precisa en qué organismos. Ante esta información, el gobernador Osvaldo Jaldo fue contundente: aseguró que toda persona involucrada en causas de este tipo será apartada de la administración pública provincial.

Con este nuevo impulso, la megacausa por lavado de activos y narcotráfico avanza ahora con una mirada integral sobre más de una década de investigaciones dispersas. El caso coloca nuevamente a Walter “Petiso David” Lobo en el centro de uno de los expedientes federales más sensibles que se siguen actualmente en los tribunales de Tucumán.