El fiscal apeló con dureza el fallo que protegió a Chiqui Tapia y Toviggino: ¿qué pasará ahora?

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, presentó una contundente apelación ante la Cámara Federal de Tucumán contra la decisión del juez Sebastián Argibay, que desestimó el pedido de apertura de instrucción y se declaró incompetente en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

En su recurso, Simón calificó el fallo de “arbitrario” y pidió que se evalúe la conducta del magistrado ante el Consejo de la Magistratura. La investigación, que abarca un entramado de operaciones financieras, societarias e inmobiliarias, involucra a dirigentes de la AFA y su entorno familiar y empresarial.

¿Por qué el fiscal considera que el juez actuó de manera irregular?

Simón sostuvo que su requerimiento de instrucción, de 181 páginas, contenía un detalle preciso de las maniobras, pero el juez las ignoró deliberadamente. “La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal”, afirmó.

En el escrito se especificaban “con vasta precisión, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles funcionales específicos de cada imputado”.

La contradicción que denuncia el fiscal

Uno de los ejes de la apelación apunta a la supuesta contradicción del juez. Por un lado, Argibay sostuvo que no había un hecho delictivo concreto ni actos de lavado identificables; por otro, se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia federal de Campana por la posible existencia de una defraudación contra la AFA. “¿Existe una defraudación o no?”, planteó el fiscal.

Simón también rechazó el argumento de que su dictamen carecía de precisión. Enumeró operaciones inmobiliarias y movimientos financieros con fechas, montos y participantes, incluyendo transferencias desde la AFA a firmas como Servicios Neurus, Carbellos y Soma. En total, señaló que la AFA transfirió más de $3633 millones a cuentas vinculadas a las sociedades investigadas, un volumen que constituye un “indicador de riesgo” que obliga a investigar el origen de los fondos.

El elevado estándar de prueba que cuestiona el fiscal

El fiscal sostuvo que el juez elevó indebidamente el estándar de prueba exigido en una etapa inicial del proceso. “El magistrado confunde el ‘objeto del proceso’ con el ‘objeto de la prueba’”, afirmó, y agregó que esa postura “suprime la etapa de instrucción”.

También cuestionó que Argibay descartara indicios como el crecimiento patrimonial de los imputados, la facturación entre empresas vinculadas o su inclusión en la base de contribuyentes apócrifos. Para la fiscalía, esos elementos deben analizarse de manera conjunta y justifican abrir una investigación penal.

El entramado societario y el rol de Toviggino

Otro punto central del recurso es la descripción del entramado societario y familiar que, según el Ministerio Público, estaría detrás de las maniobras. Allí se ubica a Toviggino como figura central, con vínculos directos con Tapia y una red de empresas y personas interrelacionadas. El dictamen original detalla cómo se cruzan sociedades, domicilios, cargos y movimientos de dinero.

El fiscal también respondió a las objeciones sobre el supuesto “ilícito precedente” del lavado. Recordó que se mencionaron posibles delitos como defraudación a la AFA, evasión tributaria y maniobras cambiarias, y citó un informe del Banco Central que involucra a Toviggino por falta de liquidación de divisas por más de 54 millones de dólares y 80 millones de euros.

La secuencia de decisiones que alarmó al fiscal

Además de cuestionar el contenido del fallo, Simón apuntó contra la forma en que se dictó. Según reconstruyó, en poco más de una hora el juez rechazó planteos, habilitó el acceso al expediente a una defensa, recibió pedidos de sobreseimiento y desestimó el requerimiento fiscal. “En tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas”, señaló.

También cuestionó que el magistrado haya enviado el expediente a otra jurisdicción sin esperar que la resolución quedara firme, lo que vulneró el derecho de revisión del Ministerio Público. A partir de estas irregularidades, el fiscal pidió que se analice la conducta de Argibay y que la Cámara declare la nulidad de la resolución, confirme la competencia de la justicia federal de Santiago del Estero y ordene la apertura de la instrucción.

Sebastián Argibay se declaró incompetente de intervenir en la causa.