El fallo que alivió a la Argentina y el nuevo frente que se abre para la pelea por YPF

La Argentina respiró aliviada a fines de marzo cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de primera instancia por US$16.100 millones en el juicio por la expropiación de YPF. Pero los demandantes ya confirmaron que no se rendirán: su estrategia incluye una nueva instancia en EE.UU. y una presentación ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

Tras el fallo favorable al país, los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, revivieron el interés en uno de los foros de resolución de conflictos comerciales más adversos para la Argentina. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) interviene en conflictos entre Estados e inversores extranjeros, habilitado por los tratados bilaterales de inversión que la Argentina firmó mayoritariamente en los años 90.

¿Qué es el CIADI y por qué es clave para la Argentina?

Desde 2003, el CIADI concentra el 94% de los litigios internacionales contra el Estado argentino. Hasta 2025, el país lideraba el ranking con 65 demandas, aunque ahora fue desplazado por Venezuela. Ambos países representan casi un tercio de las 415 demandas contra América Latina y el Caribe, según un informe del Transnational Institute.

De acuerdo con los datos procesados por esa organización, hasta el año pasado la Argentina perdió el 86% de los casos presentados en su contra y acumula laudos por US$10.046 millones. Sin embargo, esas condenas no son ejecutables directamente: los beneficiarios deben recurrir a la Justicia para lograr el cobro mediante embargos si el país no paga. Por eso, hay fallos del CIADI de 2006 o 2009 que aún figuran como “pendientes”.

El caso YPF y otras causas abiertas

El reporte del Transnational Institute contabilizó 65 casos iniciados contra la Argentina desde 1997. El mayor pico se dio tras el fin de la convertibilidad: 47 demandas entre 2002 y 2007, con 2003 como el año de mayor actividad (20 reclamos). Del total, el 51% terminó con laudo a favor de las empresas, el 35% con acuerdo entre las partes y solo el 12% con sentencia favorable al Estado.

Por la estatización del 51% de YPF en 2012, ya hubo una presentación en el CIADI por parte de Repsol, que se cerró en 2014 tras un acuerdo de compensación por US$5.000 millones. Ahora, Burford Capital podría basarse en el tratado bilateral de inversión firmado con España en 1991, según estimó el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler.

Además, la Argentina tiene otros frentes abiertos. La empresa francesa SAUR Internacional busca que la Justicia de EE.UU. reconozca un fallo del CIADI de 2014 por la rescisión del contrato de Obras Sanitarias Mendoza, por US$40 millones más intereses. También hay un laudo de 2019 por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, cuyo pago asciende a unos US$390 millones, aunque el país apeló la ejecución.

El CIADI también condenó a la Argentina a pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá, y US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria. Otro caso es el de Mobil Exploration, con un laudo favorable por US$196 millones por la pesificación de sus negocios gasíferos.

¿De dónde vienen las demandas?

El 92% de las demandas contra la Argentina en el CIADI provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. El 22% son de inversores estadounidenses, seguidas por España (10%) y Francia (8%). De los 65 casos, 19 están relacionados con contratos de suministro de energía, 11 con inversiones financieras y 10 con agua corriente. “En total, estas actividades son las responsables del 61,5% de las demandas contra la Argentina”, destaca el informe del Transnational Institute.