El Estado tucumano avanza para recuperar más de $15.300 millones de la concesionaria del dique El Cadillal

La Provincia presentó pruebas contundentes en un juicio clave para recuperar la millonaria inversión que realizó en la reparación del dique El Cadillal. La demanda contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA) entró en una etapa decisiva en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de Buenos Aires, donde el juez Enrique Alonso Reguera deberá resolver si la empresa debe reintegrar los fondos.

La prueba contable presentada por Tucumán

La Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, incorporó al expediente certificados de pago de la Tesorería General que demuestran un desembolso superior a los $15.300 millones entre 2023 y 2025. La mayor parte, $14.927 millones, fue abonada a la UTE Merco Vial SA–Sabavisa SA, encargada de la obra principal en la presa lateral N° 3.

Además, se suman otros $391 millones pagados a la firma Vardé y Asociados SA, contratada por la Dirección Provincial del Agua para tareas de inspección y asesoramiento técnico. Estos montos superan ampliamente el reclamo formal ampliado de $11.687 millones, ya que la Provincia aclaró que el monto definitivo quedó sujeto al avance de los trabajos y la validación de los certificados.

El origen del conflicto y las posturas enfrentadas

El conflicto judicial comenzó en marzo de 2024 con un reclamo inicial de $936 millones, que se fue actualizando a medida que avanzaban las obras. El gobierno provincial sostiene que debió intervenir ante el incumplimiento de la concesionaria en las tareas de conservación y control de la presa, cuya explotación data de 1996.

La empresa, representada por el abogado Fabián Estanislao López Moras, mantiene una postura totalmente opuesta. HTSA niega cualquier responsabilidad en los costos de las reparaciones y ha cuestionado tanto la necesidad como la urgencia de los trabajos ejecutados, presentando testimonios de ingenieros que descartan negligencia de su parte.

El respaldo técnico nacional y el camino hacia el fallo

Como respaldo fundamental, el Estado provincial incorporó un informe del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) de noviembre de 2024, donde el ente nacional presta conformidad a las obras realizadas en El Cadillal. Este documento fortalece la posición tucumana en el litigio.

El apoderado legal de la Provincia en Buenos Aires, Marcelo Iván Pautassi, ya objetó las declaraciones ofrecidas por HTSA, argumentando que no logran desvirtuar su responsabilidad. Concluida la presentación de informes, el proceso entra ahora en una fase de impugnaciones cruzadas, tras la cual el magistrado dictará un fallo que podría marcar un precedente económico crucial para las arcas provinciales.