El Estado se retira de un litigio millonario por una obra que nunca se concretó

El gobierno provincial decidió abandonar un juicio de expropiación para evitar un desembolso de más de $5.500 millones. La medida pone fin a un proyecto de infraestructura que llevaba más de una década en trámite y que finalmente fue considerado inviable por las actuales autoridades.

La expropiación fue dispuesta en junio de 2014 mediante la Ley N° 8.691, durante la gestión del entonces gobernador José Alperovich. El objetivo era destinar aproximadamente 120 hectáreas en Cevil Pozo a la instalación de un Centro de Transferencia Multimodal de Cargas, dentro del Plan Quinquenal de Obras Públicas de aquel momento.

¿Por qué el cambio de rumbo?

El decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, es contundente. Señala que “la falta de disponibilidad financiera para encarar el proyecto evidencia la imposibilidad de concretar la finalidad que justificó la declaración de utilidad pública”.

El documento advierte además que continuar con el proceso para obtener la titularidad de un terreno cuyo destino no podrá concretarse “resultaría contrario al uso racional y eficiente de los recursos públicos”. La obra no se encuentra prevista en la planificación vigente del Ministerio de Obras Públicas.

Un juicio con cifras escalonadas

El caso, caratulado como “Provincia de Tucumán c/ Emilio Salvador Luque s/ Expropiación”, tiene una larga historia judicial. Una sentencia de primera instancia condenó a la provincia a pagar más de $1.313 millones.

Posteriormente, la Cámara Civil y Comercial Común modificó el monto a $910.044.033,78 más intereses. Actualmente, la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debido a un recurso de casación interpuesto por la Provincia.

Sin embargo, según estimaciones de la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, si el litigio persistía, la provincia podría haber tenido que afrontar la suma de $5.500.742.209,35.

La salida legal encontrada

El Estado decidió retirarse antes de que la adquisición del dominio quede firme. La normativa permite al expropiante desistir de la acción mientras la expropiación no se haya perfeccionado, es decir, mientras no exista “sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización”.

Como el fallo aún no está firme, la provincia optó por el desistimiento. Basándose en el Dictamen Fiscal N° 384 del 18 de marzo de 2026, el gobernador decretó: “Autorízase a la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, a desistir del proceso judicial y a tramitar el recupero de las sumas depositadas, una vez cubiertos los gastos que correspondan”.

Un proyecto que generó expectativas

En abril de 2023, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, supervisó los avances del proyecto junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, y otros funcionarios. También participaron representantes del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y de las empresas Indesifra y AC&A.

En esa oportunidad, Soria había manifestado su entusiasmo: “Le estamos dando finalización a la primera etapa del proyecto ejecutivo. Es un polo logístico que potenciará a largo plazo el comercio de la provincia”.

El funcionario describió el concepto de puerto seco, que incluiría transporte aéreo, ferroviario y terrestre, y afirmó que allí se instalarían “empresas de gran envergadura, como así también de alcance internacional”. Llegó a calificar al multimodal de cargas como “uno de los legados más importantes que va a dejar la gestión Juan Manzur – Osvaldo Jaldo”.

El fundamento final de la decisión de desistir radica en la “imposibilidad del Estado Provincial de cumplir con la finalidad de utilidad pública prevista por las leyes antes mencionadas”. Se priorizó así la estabilidad financiera por sobre un proyecto de infraestructura que ya no forma parte del plan de trabajos vigente.