El drama de 82 familias: la audiencia que puede salvar o enterrar a una láctea santafesina
El futuro de 82 familias pende de un hilo: ¿logrará el empresario Pablo González salvar la láctea de Díaz o el sindicato pondrá fin al acuerdo?
Este martes se define el futuro de Sudamericana de Lácteos, una fábrica de quesos en Díaz (Santa Fe) que lleva cuatro meses paralizada y sin salarios para sus 82 empleados. La audiencia de conciliación en el ministerio de Trabajo provincial será el escenario donde empresario y sindicato intentarán destrabar un acuerdo que —de no lograrse— podría sepultar la fuente laboral.
La planta, especializada en quesos para el mercado local y exportación, dejó de operar a principios de año. Los actuales dueños —también propietarios de Lácteos Servio, en Villa María— la adquirieron en mayo de 2025 pero no pudieron gestionarla a distancia y acumularon deudas equivalentes a dos meses de facturación.
El empresario agroindustrial Pablo González (52 años, nacido en Pergamino y radicado en Rosario) se interesó tras comentarios de tamberos que le compran expeller de girasol para su aceitera en Serodino. En marzo visitó las instalaciones, analizó las cuentas y se convenció de que la reactivación es posible.
¿Qué propone el comprador?
González planea arrancar con queso barra (monoproducto) para el mercado interno y externo, procesando hasta cinco millones de litros por mes. Luego ampliaría a otros quesos. Pide tres meses de reacomodamiento para operar a media máquina en producción, administración y comerciales.
Para eso invoca el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar hasta el 75% del salario y postergar aportes patronales por tres meses. “Se está implementando en otras 3000 empresas”, asegura. González afirma estar dispuesto a pagar las deudas con trabajadores, tamberos y prestadores, y a cubrir el 100% de los salarios desde el inicio, pero el gremio exige más garantías.
La postura del sindicato: “Es un fraude laboral”
Nicolás Garnero, secretario de la seccional Gálvez de ATILRA, sostiene que el artículo 223 bis está pensado para suspensiones por falta de trabajo, no para personas trabajando. “¿Qué pasa si un trabajador sufre un accidente? ¿Quién se hace responsable si la ART lo considera suspendido?”, cuestiona. El sindicato exige que los operarios se registren bajo el convenio lácteo y que el empresario presente avales bancarios o seguros de caución que garanticen los salarios.
Garnero enfatiza que “la deuda la deben solucionar los actuales dueños, no los trabajadores”. Aunque no se oponen a despidos con indemnización, reclaman certezas sobre el pago de lo atrasado y lo futuro.
La negociación al filo
El ministerio de Trabajo de Santa Fe —que ya intervino en casos como Vicentin— busca un acuerdo. El gremio primero rechazó la recontratación como cooperativa y luego aceptó una cesantía inicial de 20 personas, que serían recontratadas según la recuperación del volumen.
González, ingeniero químico y profesor universitario, apela a la sensatez: “Ofrezco soluciones reales, crudas, pero practicables. No soluciones ideales con resultados imposibles”. Y lanza una advertencia: “Hay una mecha encendida”. Los empleados, dice, son “rehenes de la situación”.
Más allá de la fábrica, el empresario promete inversiones en infraestructura energética y una planta solar si se concreta la compra. La pelota está en la audiencia de este martes.
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