El departamento que compró un alto funcionario: las imágenes que despertaron sospechas en la Justicia

La investigación sobre el patrimonio de un funcionario público toma un giro inesperado al revelarse las condiciones de compra de su vivienda actual. Las imágenes del antes y después del inmueble muestran transformaciones radicales que generan preguntas sobre su verdadero valor.

El departamento ubicado en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito, fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana, el comprador solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.

¿Quiénes eran los dueños anteriores?

En las últimas semanas se supo que el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci. De acuerdo a lo que explicó Morales, la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja.

¿Qué revelaron las declaraciones?

En ambas declaraciones, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo afirmaron este miércoles que sus hijos fueron quienes se encargaron de llevar adelante la compra del inmueble y se dedicaron a hacerle una remodelación profunda. De hecho, las imágenes muestran que el departamento sufrió muchas modificaciones: desde el cambio de piso en algunos sectores a la modificación de la disposición de los ambientes.

Por lo que, vendieron el inmueble prácticamente nuevo a US$230.000, solamente 30 mil dólares más de lo que lo habían comprado. Esto le llamó la atención a los fiscales, que buscan confirmar si los arreglos del lugar efectivamente costaron US$30.000 o si lo vendieron a un precio mayor y pusieron otro valor en la escritura.

¿Qué analiza la Fiscalía?

A partir de esas dudas, la Fiscalía analiza el presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, la Justicia confirmó que el funcionario viajó en diciembre de 2024 a Aruba con toda su familia y sacó pasajes en primera clase en la empresa Latam. Pagó US$1450 cada uno, es decir, un total de US$5800.

El viaje fue desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025. En ese entonces, el funcionario era vocero del Gobierno. La Justicia todavía no tiene información del costo del alojamiento.

¿Qué medidas tomó la Justicia?

La semana pasada, a pedido de fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. Así, el fiscal podrá acceder a todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

El objetivo es determinar si se corresponden con su situación financiera como funcionario público que hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado desde 2023 en $3.584.006.