¿El delincuente más grande de Tucumán? La Justicia Federal procesa al empresario Ricardo Sixto Ansonnaud

La Justicia Federal de Tucumán procesó al empresario Ricardo Sixto Ansonnaud como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria que habría operado durante años en el Ingenio La Trinidad. El magistrado Guillermo Díaz Martínez ordenó además un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes, en una causa que ya hizo colapsar una millonaria venta del establecimiento y pone en duda su futuro operativo.

El juez federal subrogante consideró que existen elementos suficientes para sostener que Ansonnaud habría encabezado una estructura organizada destinada a defraudar al fisco. La hipótesis judicial apunta a un esquema sostenido en el tiempo, basado en maniobras sistemáticas de evasión impositiva, elusión de obligaciones previsionales y ocultamiento de la actividad económica real.

¿Cómo funcionaba el presunto esquema ilícito?

Según la investigación, el mecanismo se basaba en la rotación de sociedades que asumían formalmente la explotación del ingenio, registraban operaciones y personal, y luego quedaban vaciadas o sin capacidad para responder ante el Estado. Después, otra firma tomaba el control y el circuito se repetía, dejando un tendal de obligaciones impagas.

En ese entramado aparecen sociedades como MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Para los investigadores, estas empresas fueron utilizadas como piezas de una estructura diseñada para sostener la producción mientras se acumulaban deudas fiscales y previsionales, diluyendo responsabilidades y complejizando el seguimiento de los fondos.

El hallazgo clave: un depósito oculto de azúcar

Uno de los elementos más comprometedores surgió durante allanamientos realizados en 2018. En esa ocasión, se detectó un depósito no declarado con 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, sin respaldo documental alguno.

Para la Justicia, ese hallazgo reforzó la sospecha de una operatoria paralela e incompatible con una actividad transparente. Alimentó la hipótesis de que parte de la producción del Ingenio La Trinidad se movía por fuera de los circuitos formales, evadiendo todo control.

A esto se suman otras maniobras bajo análisis, como la omisión sistemática de declaraciones juradas, la registración de créditos fiscales inexistentes y el uso de proveedores sin capacidad económica real. También se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales de trabajadores que no habrían sido depositados en tiempo y forma.

Consecuencias inmediatas: se cayó una venta millonaria

El impacto judicial tuvo un efecto económico inmediato y devastador. Mientras la investigación avanzaba, Ansonnaud negociaba la venta del Ingenio La Trinidad al empresario Santiago Blaquier por una cifra cercana a los 40 millones de dólares.

Ese acuerdo, que prometía reconfigurar el mapa azucarero provincial, hoy aparece prácticamente caído. El procesamiento por asociación ilícita convirtió la operación en un riesgo jurídico y financiero imposible de asumir para cualquier inversor.

El proyecto de Blaquier incluía integrar La Trinidad con otras unidades productivas para potenciar la capacidad industrial. Sin embargo, los embargos millonarios y la posibilidad de un juicio oral terminaron por congelar cualquier expectativa de cierre de la venta.

Incertidumbre laboral y social en Tucumán

El caso genera un fuerte impacto en el plano laboral y social de la provincia. El Ingenio La Trinidad es una estructura productiva que involucra a cientos de trabajadores y tiene un peso relevante en la economía regional tucumana.

La incertidumbre sobre su futuro, en medio de una causa judicial de alto voltaje, abre interrogantes sobre la continuidad operativa y la estabilidad de su actividad, con potenciales consecuencias para toda la comunidad vinculada al establecimiento.

¿Qué implica el procesamiento y qué riesgos enfrenta?

El procesamiento no implica una condena, pero es una instancia clave donde el juez considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido, la existencia del delito y la participación de los imputados. La causa puede avanzar ahora hacia la elevación a juicio oral.

La figura penal investigada -asociación ilícita tributaria- castiga la integración de una organización destinada a cometer delitos fiscales. Las penas pueden llegar hasta los diez años de prisión y se agravan para quienes son considerados jefes u organizadores.

Además, la ley prevé sanciones económicas severas, como multas de hasta diez veces el monto del tributo evadido, y posibles inhabilitaciones para ejercer actividades comerciales. El embargo de $1.000 millones sobre Ansonnaud y de $700 millones para cada uno de los otros cuatro imputados busca garantizar eventuales decomisos futuros.

La defensa del empresario ya anticipó que apelará la decisión judicial, sosteniendo que las obligaciones fiscales se encuentran regularizadas mediante planes de pago. No obstante, desde la investigación se considera que la eventual regularización de deudas no elimina la responsabilidad penal por la presunta organización delictiva.

Así, lo que comenzó como una causa por irregularidades fiscales escaló hasta convertirse en un caso que mezcla poder económico, estructuras empresarias complejas y una presunta ingeniería destinada a evadir al Estado, resonando con fuerza en toda la provincia.