El cuaderno secreto que delató a los siete policías federales de la red de coimas en Tucumán

Siete efectivos de la Policía Federal con asiento en Tucumán cayeron presos en la “Operación Prisma”, una investigación que desarticuló una organización que cobraba sobornos a tours de compras y bagayeros para dejar pasar mercadería de contrabando por rutas del NOA. El caso, impulsado por el fiscal Pedro Simón, es uno de los más resonantes contra fuerzas de seguridad en la región.

Agentes de la Agencia Federal de Investigaciones se infiltraron en un tour de compras haciéndose pasar por pasajeros. Durante el viaje, los coordinadores pidieron dinero para supuestamente pagar coimas y evitar controles. Los investigadores entregaron billetes marcados, mientras Gendarmería esperaba en el destacamento de Rapelli para actuar cuando el colectivo llegara.

¿Cuánto cobraban por dejar pasar?

Según la Fiscalía, el esquema de sobornos estaba tarifado: cada pasajero debía pagar $100.000; las camionetas, $80.000; los utilitarios, $50.000; y los autos, $40.000. Cifras que parecen bajas frente al valor de la mercadería: el colectivo usado como señuelo llevaba carga valuada en unos $700 millones.

Un cuaderno secuestrado se convirtió en una prueba clave. Los investigadores creen que las anotaciones no solo fortalecen la acusación contra los detenidos, sino que podrían identificar a otros efectivos que formaban parte de la estructura. En el destacamento de Rapelli trabajaban policías destinados tanto en Tucumán como en Santiago del Estero.

Los siete detenidos y su vínculo con la custodia de jueces

Por orden del juez federal de Santiago del Estero, fueron arrestados la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Todos viven en Tucumán y, según fuentes, pertenecían a la División Operativa de la Policía Federal, que custodia a magistrados federales en la provincia.

Este caso se suma a otros expedientes abiertos en los últimos dos años por acuerdos entre fuerzas federales y bagayeros. Hasta ahora, la mayoría involucraba a Gendarmería. Uno de los primeros antecedentes fue el incendio de un depósito de mercadería para evitar un secuestro judicial.

El fiscal Ricardo Toranzos impulsó otra causa que terminó con el procesamiento de varios gendarmes. Pero la investigación más grande la lideró el fiscal Agustín Chit. A principios de 2024, recibió la denuncia de una persona que aseguró que los organizadores de excursiones cobraban a los pasajeros para pagar a efectivos. Luego, un gendarme aportó datos clave sobre los involucrados y cómo distribuían el dinero mediante billeteras virtuales.

En julio de 2024, pasajeros de un tour de compras incendiaron el colectivo en el que viajaban de Orán a Tucumán. La Justicia cree que intentaron destruir pruebas de tráfico de drogas, después de que gendarmes decidieran inspeccionar la unidad pese a haber recibido dinero para dejarlos pasar. Meses después, un megaoperativo detuvo a gendarmes y civiles de una red que operaba en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Dos años más tarde, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de una docena de gendarmes del NOA. Ese expediente espera fecha para juicio oral.