El costo de sostener a Adorni: el cálculo de Milei y las nuevas grietas en el Gabinete

Javier Milei se niega a soltar a Manuel Adorni. A pesar del terremoto político, judicial y comunicacional que desató su explicación patrimonial, el Presidente decidió mantenerlo en el cargo. En el Gobierno aseguran que el líder libertario cree que la suerte del jefe de Gabinete depende exclusivamente de su respaldo y que el electorado libertario valorará su lealtad.

¿Quién le pide a quién que se quede?

En el Ejecutivo reconocen que la presión se invirtió. Ya no es Adorni quien insiste en quedarse a cualquier costo, sino que son Javier y Karina Milei quienes le ruegan que no renuncie. En despachos oficiales atribuyen al Presidente una frase que define la estrategia: “Si caés, van a venir por nosotros”. La lectura interna es que su salida abriría una etapa de mayor ofensiva política, judicial y parlamentaria contra el núcleo libertario.

En la Casa Rosada sostienen que el primer mandatario no quiere entregar a uno de los funcionarios más identificados con su gestión, menos en medio de causas sensibles como $LIBRA y ANDIS. Sus cercanos creen que una renuncia bajo presión fortalecería a la oposición, a sectores del Poder Judicial y a los aliados que ya empezaron a tomar distancia del jefe de Gabinete.

Una explicación que no cerró el caso

Ese razonamiento convive con un clima interno cada vez más incómodo. En distintos despachos oficiales admiten que la explicación de Adorni no ayudó a cerrar el caso y, en algunos aspectos, abrió nuevas preguntas. “Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata”, expresan en Nación. En la mesa chica sostienen que la defensa estuvo pensada más para la causa judicial que para ordenar el frente político.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita pidió nuevas medidas sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió información a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó datos sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin. La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.

En Balcarce 50 insisten en que Adorni deberá responder en el expediente, pero en privado reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. “Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias”, agregan con suspicacia en un despacho oficial.

La pulseada judicial interna

El caso se cruza con la nueva etapa de la política judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo, se profundizó la disputa entre facciones internas por el manejo de los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo. En esa disputa, la Procuración General de la Nación aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que discuten las distintas terminales del oficialismo.

El fantasma de los plus salariales

El caso Adorni también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre eventuales mecanismos de compensación salarial en cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni una confirmación oficial sobre ese punto. Al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre posibles compensaciones para cargos altos del Estado, aunque no aportan documentación que permita acreditar un mecanismo paralelo de pagos. “Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda”, sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo vincula con una discusión más amplia sobre la política salarial del Estado: “No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves”.

El plan de Milei: encapsular a Adorni y correr la agenda

Milei, sin embargo, no planea modificar su decisión. Quiere que Adorni siga en el cargo, retome la vocería y vuelva a tener presencia pública. En la mesa chica admiten que el jefe de Gabinete ya no podrá recuperar el perfil confrontativo que tuvo durante los primeros dos años de gestión. “Es imposible. Ese Adorni ya murió”, expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo. El Presidente apuesta a encapsularlo bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad explosiva y correr la agenda hacia la economía.

El Ejecutivo confía en que la mejora de indicadores económicos —baja de la inflación, caída del riesgo país, mejora del crédito y proyectos de infraestructura— ayude a desplazar el caso del centro de la discusión pública. También quieren acelerar anuncios de gestión para evitar la imagen de una administración paralizada por la crisis política.

Pero la estrategia tiene límites. En la mesa política reconocen que el caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar la interpelación y la moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo dan por cerrado. En la Casa Rosada saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.

La preocupación también alcanza a la discursiva anti-casta. En sectores técnicos de Balcarce 50 venían trabajando sobre una reforma a la Ley de Ética Pública, pero el caso Adorni debilitó el margen político para avanzar con ese tema sin recibir cuestionamientos. En Balcarce 50 admiten que cualquier discusión sobre ética, patrimonio, incompatibilidades o declaraciones juradas quedará ahora atravesada por la situación del propio jefe de Gabinete.